Benefició a una hidroeléctrica que rechazaba la población indígena que representaba Berta Cáceres.
Cardona, según el juez, pudo haber incurrido en abuso de autoridad asociada a la ampliación de una licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), con financiación de bancos extranjeros.
Cáceres se oponía al proyecto, en el occidente del país, por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas, lo que rechazan los ejecutivos de la DESA.
La ambientalista asesinada en la ciudad de La Esperanza era además la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Cardona, quien fue detenido el 14 de octubre pasado, supuestamente autorizó, además, sin informar a la comunidad previamente, la ampliación de la capacidad generadora de Agua Zarca de 16 a 21,7 megavatios, según denunció el Ministerio Público (Fiscalía).
La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural considera que Cardona, que ostentó el cargo durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar, ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres.
El juicio contra Cardona continuará, mientras que los líderes del Copinh y familiares de Berta Cáceres siguen exigiendo justicia y que se capture a los autores intelectuales del crimen, no sólo a los ejecutores, varios de ellos ya presos.
Hasta ahora han sido detenidos seis hombres, entre ellos un militar y un ex policía, lo mismo que un empleado jerárquico de DESA, como presuntos autores materiales del asesinato de Berta Cáceres.
Por otro lado, familiares de Cáceres y del Copinh lanzaron en Tegucigalpa un grupo internacional de expertos para apoyar la investigación del crimen.
«Se ha hecho el lanzamiento del Gaipe (Grupo Internacional de Personas Expertas), que surgió a petición de la familia y el Copinh para esclarecer el asesinato de mi madre a través de la creación de una comisión independiente de investigación», dijo a EFE Berta Zúniga, hija de la ambientalista y líder indígena.
Señaló además que «ha habido una serie de irregularidades muy fuertes» en el caso del asesinato de su madre y que como familiares han sido «excluidos del proceso de investigación, lo que nos hace tener serias dudas sobre si se va a llegar a la investigación, a la justicia real».
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