La Comisión de DNU tratará esta tarde el tema. La oposición busca el rechazo.
El texto fue enviado a principios de febrero al Congreso y luego de algunas dilaciones será tratado hoy por el cuerpo legislativo que analizará, en primer término, si estaba planteada la necesidad y la urgencia para apelar al recurso extraordinario.
En esa Bicameral, el oficialismo y la oposición cuentan con ocho miembros, respectivamente. El presidente es el diputado kirchnerista Marcos Cleri, que cuenta con voto doble en caso de empate en la firma del dictamen. De los ocho integrantes de la oposición, cuatro son de Argentina Federal, tres del Frente para la Victoria-PJ, aunque la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales suele acompañar las iniciativas de Cambiemos.
El decreto de Macri establece que no es necesario que haya una sentencia firme para incautar bienes o dinero de un acusado: se invierte la carga de la culpa y un acusado de corrupción puede quedar despojado hasta que demuestre su inocencia. Diferentes especialistas advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la norma.
Por lo pronto, la ley de extinción de dominio mantiene estado parlamentario y no se descarta que se trate y sancione este año. Desde el Frente Renovador de Sergio Massa, espacio impulsor de la iniciativa, adelantaron que buscarán insistir en el Congreso. Desde Cambiemos, ratificaron que el DNU de Macri no tiene incidencia en materia penal, asunto que el Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna. Sin embargo, para su puesta en marcha ante un delito, se exige que previo a demandar la extinción de un bien, un juez competente haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes por su presunta vinculación con el delito.
En síntesis, el decreto es cuestionado tanto desde el peronismo federal como desde el kirchnerismo.
Otro de los puntos del temario de este martes será el DNU que creó la Agencia de Deporte Nacional, también polémico, aunque en este caso el Gobierno acordó con el Comité Olímpico Argentino que volverá sobre sus pasos y enviará un proyecto de ley.
También se tratará el decreto 58/19, sobre asignación de frecuencias de ARSAT; y el decreto de facultades delegadas 1/19, por el cual se deja sin efecto transitoriamente el gravamen establecido en el artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos.
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