Piden tres años de prisión para los hijos del represor que compró campos con dinero obtenido de un secuestro

El juicio oral de la causa “Save”, que se realiza en Mar del Plata por lavado de dinero robado a víctimas del terrorismo de Estado, entró este miércoles en la etapa final con el comienzo de los alegatos.

En el debate se encuentran acusadas las tres hijas y el hijo de Leonardo Miguel Save, quien fue agente inorgánico de la SIDE y miembro de la patota de Aníbal Gordon y murió en 2006. Se les imputa haber intentado ocultar el origen ilícito de dos terrenos de 15 y 21 hectáreas ubicados a orillas de la laguna de Chascomús que fueron comprados con dinero robado por los represores al secuestrar y luego asesinar al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez en el marco del Plan Cóndor.

Durante casi 4 horas, los fiscales Juan Pablo Curi, Laura Mazzaferri y Eugenia Montero repasaron las pruebas recolectadas durante estos más de dos meses de audiencias ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y solicitaron que los cuatro acusados sean condenados a la pena de 3 años de prisión como coautores de lavado de activos.

La fiscalía consideró como atenuante de la pena la actitud que tuvieron los acusados al mostrar predisposición para resolver el conflicto y realizar una reparación integral, por lo que propuso que el cumplimiento de la pena podría ser en suspenso.

Además de la pena, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se les cobre una multa por el doble del valor de los terrenos y que esas parcelas sean decomisadas para que tengan como finalidad tareas de Memoria, Verdad y Justicia a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia.

Al repasar los hechos investigados, los fiscales consideraron que los hermanos actuaron de manera dolosa: “Mediante un procedimiento para disimular la titularidad real y el origen del dinero, que implicó el despliegue de diversas adquisiciones, transferencias y ventas llevado adelante por poderes, escrituras y actos irregulares, escrituraron y registraron a su nombre las dos parcelas, integrándolas al sistema legal y administrándola hasta la actualidad. Todo ello sin poder desconocer la vinculación de dichos predios con los crímenes cometidos por su progenitor”, sostuvieron.

La operación inmobiliaria fue realizada por la patota de Gordon el 19 de octubre de 1976. Ni Save ni Gordon aparecen nombrados en el boleto de compra-venta sino tres personas que la investigación declaró inexistentes ya que sus nombres y documentos eran falsos.

Menos de un mes antes, el 26 de septiembre de 1976, el grupo represivo había secuestrado y llevado al centro clandestino de detención Automotores Orletti a Mechoso Méndez, uno de los fundadores del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Según se reconstruyó durante el juicio Plan Cóndor, bajo torturas y amenazas contra su familia, le sacaron la información sobre la ubicación del dinero, que eran entre 2 y 8 millones de dólares.

Con parte de ese dinero, compraron las 36 hectáreas con acceso a la laguna en el barrio Parque Girado, un sector residencial de Chascomús, ciudad donde había nacido Save. Allí intentaron realizar un desarrollo inmobiliario que llamaron “Boating Club”, que iba a ser un exclusivo club náutico accesible por lancha. Las obras para el club comenzaron poco después. Durante la instrucción de la causa, los trabajadores contaron que en el lugar había armas y maletines llenos de billetes y que los represores llegaban los fines de semana y paseaban en lancha.

El proyecto se truncó el verano de 1977, cuando una patota policial irrumpió en el lugar, tomó el predio y secuestró a una treintena de obreros que fueron torturados y llevados a la comisaría primera de la ciudad.

A partir de 1999, Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los valiosos terrenos y, tras la muerte del represor en 2006, las continuaron sus hijos. En 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas.

Los alegatos marcan el comienzo de la última etapa de este particular debate oral, que por primera vez juzga el lavado de dinero proveniente del terrorismo de Estado.

El 8 de mayo continuarán los alegatos de este juicio, con la presentación que realizarán las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.