¿Privilegios?: rectora de una universidad pública le responde a Macri

Durante la tarde del jueves 19 de julio tuvo lugar la primera transmisión en vivo que un presidente argentino realizó a través de una cuenta en Instagram. Durante la media hora que duró la puesta en escena, Mauricio Macri enfrentó un temario diverso a partir de 55 preguntas enviadas por los usuarios de dicha red social y que un equipo encabezado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, había seleccionado previamente entre los más de 8000 mensajes recibidos. El mandatario habló del apodo de “Gato” que le pusieron quienes se oponen a su gestión, definió el rol que desempeña como jefe del Estado, de sus comidas y series de televisión favoritas, dio su opinión sobre la reelección y hasta la marca del teléfono celular que usa. Habló de Shakira y de Britney Spears con la misma seriedad con la que volvió a calificar de tormenta la actual situación económica y social del país, evitando una vez más pronunciar la palabra crisis.

Uno de los pocos momentos de esta transmisión en los que Macri se aventuró a una mayor profundidad fue al ser consultado acerca de las universidades públicas y la existencia de un posible plan para privatizarlas. “La verdad que no”, negó el Presidente. “Lo que sí, estamos trabajando con los rectores para que las universidades también, cada vez, entren en un proceso de mejora. Mejora de la calidad académica, de la preparación de los alumnos, porque justamente necesitamos profesionales de calidad y aparte los que van a la universidad pública son bancados por todos los argentinos. Entonces necesitamos que también pongan lo máximo de ellos, porque en el fondo es un privilegio, ¿no? Poder llegar a la universidad en forma gratuita…”

Tales afirmaciones motivaron una respuesta pública por parte de Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que lleva por título La Universidad es un derecho, Presidente, no un privilegio. Allí y desde su lugar “como Rectora de una Universidad Nacional”, Diker afirma que dicha declaración le resultó “por muchas razones, sorprendente”. Y a continuación desmiente lo dicho por el Presidente, asumiendo que este “quizás desconoce que no existe ninguna instancia en la que el gobierno nacional esté trabajando con los rectores y rectoras del sistema universitario público en dirección al mejoramiento de la calidad académica”.

A partir de allí la rectora enumera una serie de datos, utilizando la fórmula “Quizás el Presidente desconoce” para encabezar cada párrafo, en los que detalla hechos que no deberían ser ajenos a Macri en su rol de Jefe de Estado. De esta forma menciona el recorte de “3000 millones de pesos del presupuesto aprobado por Ley para 2018, retrasar casi seis meses las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento poniendo a algunas Universidades en el límite de poder sostener sus actividades”, o “que la paritaria salarial del personal no docente cerró en un 15%” y que correspondiente al gremio docente “aún no se ha cerrado, a pesar de que se acumula ya en lo que va del año un 16% de inflación y se espera que el año cierre con una inflación mayor al 30%”.

Diker también se pregunta si “el Presidente desconoce que como consecuencia de la paralización de las negociaciones paritarias con el sector docente decidida por su gobierno, todas las federaciones sindicales han anunciado como medida de fuerza el no inicio de las clases en el segundo semestre” o “que el Consejo Interuniversitario Nacional le ha hecho llegar a su Jefe de Gabinete, al Ministro de Educación y a la Secretaria de Políticas Universitarias, por nota primero y en una reunión luego, la preocupación de las autoridades universitarias por la situación crítica en la que se encuentran nuestras instituciones como consecuencia de las medidas tomadas por su Gobierno”.

La Rectora considera también que “lo más preocupante” es que el Presidente desconozca que “la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe” –que se realizó entre el 11 y el 15 de Junio pasados en la ciudad de Córdoba, organizada por el gobierno nacional junto con varios organismos, entre ellos la UNESCO— reafirmó “el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados”, porque  “estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”.

La carta pública de la responsable de la Universidad de General Sarmiento finaliza expresando de forma categórica que “a cien años de la Reforma Universitaria no se puede seguir sosteniendo que la Universidad es un privilegio”. “La Universidad, señor Presidente, es un derecho de los individuos y de la sociedad. Cuenta Usted con nuestra disposición para generar las políticas necesarias que lo garanticen”, concluye Diker.