Procesada por militar: «Sufro persecución política y judicial por parte del gobierno de Morales»

Ana Julia Ramos es madre de dos hijos, docente, artista, miembro de la organización política AJI20 y está procesada por “amenazas de muerte” hacia el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Su caso deja al descubierto el modo en que el ejecutivo provincial controla al Poder Judicial, para perseguir a militantes populares en forma sistemática.

En una entrevista con Tiempo, la mujer de 32 años contó el calvario que vive junto a su compañera de militancia. A pesar de que un juez falló a favor de ellas porque consideró que no existen pruebas para elevar la causa a juicio, aún no consigue el sobreseimiento total de la causa.   

-¿Cuándo y cómo empezó todo?

-Desde el 21 junio de 2021 vengo sufriendo persecución judicial y política por parte del gobierno de Morales. Estoy acusada junto a Marisol Velázquez -periodista y militante de 25 años- de haber sido partícipes en un hecho ocurrido en las calles céntricas de San Salvador de Jujuy. Se trata de una actividad de pintadas y grafitis que expresan el descontento de las personas que los hicieron hacia el gobernador. El mensaje del panfleto es el deseo de muerte del ejecutivo provincial.

-Ante esta acusación, ¿cuál fue su descargo?

-Les dije que mi compañera y yo no tenemos nada que ver con ese hecho. El día que ocurrió yo estaba con Covid-19, encerrada en mi casa y tengo el certificado. Luego, el 28 de junio del año pasado -un día después de las elecciones legislativas- fuimos citadas a declarar acerca de qué habíamos hecho ese día. Estamos siendo violentadas por parte del Estado provincial. Nosotras no tenemos nada que ver en esa actividad, no hay pruebas de nada, es pura saña.

-¿Cuáles son las pruebas usadas en su contra?

-Después de un tiempo, pudimos tener acceso al expediente y las pruebas que presentan en mi contra son capturas de videos y de las redes sociales de las personas que estuvieron haciendo esas pintadas y pegando los grafitis. También hay fotos del trabajo comunitario que hago con mi compañera Marisol, en los barrios de San Salvador de Jujuy. En las imágenes, se puede ver claramente que no soy yo.

-¿A qué piensa que se debe puntualmente la persecución judicial y política que menciona?

-Con mi compañera, fuimos candidatas a diputadas provinciales en una lista independiente del partido AJI20. No ganamos, pero obtuvimos buenos números de votos. Para nosotras, esto es una clara persecución judicial y política. Porque después de habernos postulado por primera vez fue cuando empezó todo.

-¿Qué medidas jurídicas tomó al respecto?

-Desde el primer día, estamos pidiendo al gobernador y al fiscal Diego Ignacio Funes el sobreseimiento por falta de pruebas. Consideramos que este armado de causas muestra el modo en que Morales maneja a la Justicia para perseguir a militantes populares. Lo hace porque somos opositoras a su gobierno y trabajamos junto a la comunidad, cosa que ellos no hacen. Llevamos mucho tiempo diciendo basta de persecución policial y de violencia hacia nosotras que somos mujeres trabajadoras. Exigimos el sobreseimiento de la causa pero no somos escuchadas.

-¿Puede describir el funcionamiento de la Justicia como mecanismo de control político?

-Sí. Existen constantes contravenciones por exigir derechos como el acoso en nuestras publicaciones digitales, por medio de trolls pagados por el gobernador. Hay muchísimas causas armadas que dan cuenta de ello. A esta altura del proceso judicial, está más que demostrada nuestra inocencia. Esto es una violencia estatal sistemática de Morales hacia la organización del campo popular. Lo único que hicimos fue postularnos en las legislativas y terminamos procesadas en una causa de “amenazas de muerte”.

-¿Qué es lo último que supo de la causa?

-En las últimas semanas, las oscuras intenciones del gobierno sufrieron un revés por la inexistencia de pruebas: el titular del Juzgado de Control N°3, Javier Salvatierra, hizo lugar a nuestro pedido de oposición a que se eleve la causa a juicio. Pero hasta el día de la fecha el silencio de la Justicia hace mucho ruido y el sobreseimiento total de la causa no se concreta. Tras el fallo del magistrado, el expediente volvió a la oficina del fiscal Diego Ignacio Funes para que «continúe investigando», arme pruebas o retire la acusación.