Procesan a autoridades penitenciarias por las condiciones de Devoto

Nueve jefes y exjefes de distintas divisiones de la cárcel de Devoto fueron procesados como responsables de las «condiciones indignas e insalubres en que se encuentran los internos y las pésimas situaciones habitacionales que fueron comprobadas» en dos de los celulares de ese penal.

La investigación judicial determinó que en los celulares de los pisos 2 y 4 del Módulo V del complejo penitenciario federal de la Ciudad de Buenos Aires los internos dormían sobre colchones rotos –uno de ellos apoyado directamente en el piso–, que faltaban sábanas y frazadas  y que la mayoría de los inodoros y duchas estaban fuera de servicio.

El fallo emitido por el juez federal Sebastián Casanello incluyó un trabajo del equipo interinstitucional del Control de Cárceles a cargo del juez de Casación, Gustavo Hornos, e integrado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Porcuvin) y la Defensoría General de la Nación.

La investigación abordó el período transcurrido entre el 23 de febrero de 2016, cuando el equipo de Control de Cárceles realizó la inspección que días después se convirtió en denuncia, y el 21 de diciembre de 2017. Ese día la justicia federal constató que las condiciones dentro del penal no habían cambiado.

En esa inspección judicial del último diciembre se detectó, por ejemplo, que «la mayoría de los colchones estaban rotos, eran muy finos y faltaban sábanas y frazadas» y que no había «heladeras, sillas y elementos de limpieza en general».

“»n la cocina funcionaban cuatro hornallas y la basura se almacenaba sin bolsa en un tacho en una celda ubicada al ingreso del celular. Se observaron cucarachas y todo el lugar presentaba humedad, falta de ventilación, suciedad y mal olor», se indicó en el fallo del 3 de octubre al que accedió Tiempo Argentino.

En la investigación, en la que intervino el fiscal Federico Delgado, se constató además que fueron los jefes y directores de distintas divisiones de la cárcel de Devoto quienes privaron a los internos de pasar sus días en mejores condiciones. Se comprobó que muchos de los elementos que les debieron ser entregados (cepillos dentales, jabones, lavandina y colchones en mejor estado) llegaron al penal pero no fueron repartidos.

«Los imputados revestían la calidad requerida por la norma en tanto se desempeñaron, durante el período comprendido entre el 23 de febrero de 2016 y 21 de diciembre de 2017, como agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a cargo de divisiones y secciones en las que la normativa vuelca el deber de abastecer insumos y víveres, y mantener adecuadamente las instalaciones y proveer asistencia médica», sostuvo Casanello en su fallo.

Los procesados fueron Walter Herrera, director administrativo del penal en el período investigado; Jorge Omar García, director del área de trabajo entre febrero y diciembre de 2016;  Christian Asis, jefe de la sección de mantenimiento; Sandro Gutiérrez y Mauro Irala, jefes de la división de seguridad interna; Sergio Fainstein y Johana Asis, por falta de respuestas a consultas médicas, falta de entregas de medicamentos y elementos para el cuidado de las heridas; y Walter Poclava y Carlos Cidoski, jefes de la división de abastecimiento.

Los nueve fueron procesados como supuestos autores del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. El juez ordenó trabarles embargos hasta cubrir el monto de 200 mil pesos a cada uno. Fuentes del Servicio Penitenciario informaron que, aunque algunos cambiaron de puestos, todos siguen trabajando para el Complejo.

 A través de su fallo, el juez ordenó librar un oficio al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de recomendar que acomoden las condiciones a los estándares nacional e internacionalmente previstos y que se eleve un informe con una planificación que incluya un plan de trabajo, instancias de control y seguimiento del mismo, que deberá actualizarse periódicamente. 

La causa se inició el 8 de marzo de 2016 por una denuncia presentada por la Procuvin, tras una inspección llevada a cabo el 23 de febrero de ese año

En la denuncia se alertó sobre la pésima higienización, la negativa del Servicio Penitenciario Federal a proveer insumos de limpieza necesarios, la insuficiente manutención de cocina, del baño y del sector en general, la provisión escasa de alimentos, la falta de atención médica, la inundación del área de calefones, la problemática del régimen de vida y se señaló que la basura no sea retirada regularmente.

Tras las inspecciones se detectó que el penal de Devoto había recibido, a modo de ejemplo,  44.850 cepillos dentales, 52.616 jabones de tocador, 58.312 máquinas de afeitar, 49.008 pastas dentales, 7045 lavandinas de 5 litros, pero que no llegaron a manos de los internos.

Cada uno de los módulos investigados alberga a más de 80 presos mientras que la cárcel de Devoto tiene lugar para más de 1500 y está en un proceso de ser trasladada hacia otro lugar. Fuentes del SPF aseguraron que ya está en marcha la construcción de un nuevo penal en Gutiérrez, Marcos Paz, con fondos del Gobierno de la Ciudad con el objetivo de sacar la cárcel del corazón de Devoto, un viejo reclamo de los vecinos de ese barrio. «