Desde la Correpi, consideraron "sospechoso" que se produjera después del triunfo electoral de Cambiemos. El juez Martínez de Giorgi se basó en el testimonio de la policía.
La titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, quien representa a varios de los procesados, dijo a Télam: «Se apelarán cada uno de los procesamientos» y consideró «sospechosa» que la resolución del magistrado se produzca a menos de una semana del triunfo electoral de Cambiemos en las legislativas celebradas el domingo pasado.
De Giorgi procesó a los manifestantes por mismos cargos por los que fueron detenidos: «intimidación pública» y «resistencia a la autoridad», y les trabó embargos de hasta cinco millones de pesos, una suma equivalente a los daños calculados por el Gobierno de la Ciudad, según informaron fuentes judiciales.
El juez dictó, además, la falta de mérito para siete de los acusados y sobreseyó a los dos restantes, lo que implica que estos últimos fueron desvinculados de la investigación que comenzó el 2 de septiembre, al día siguiente a los hechos.
Las 31 personas habían sido detenidas el 1 de septiembre durante la marcha, tras una serie de incidentes, y todos habían sido liberados al día siguiente luego de que los indagaran en los tribunales federales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro.
Entre los procesados se encuentran los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Juan Mourenza y Ezequiel Medone, que el 1 de setiembre cubrían la marcha.
El juez también procesó Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofia Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Ivan Meza.
Verdú criticó «la celeridad» de De Giorgi para resolver los procesamientos «cuando en la misma semana el juez rechaza, por tercera vez, hacerse cargo de la causa contra el empresario Mariano Martinez Rojas (acusado por presuntos ilícitos contra el diario Tiempo Argentino), desoyendo una resolución de la Corte Suprema de Justicia».
La titular de la Correpi agregó que en su resolución el juez «vuelve a basarse solo en las acusaciones genéricas, vagas e imprecisas» que declararon desde un primer momento los agentes de la Policía de la Ciudad que intervinieron en el operativo de esa noche, y puso como ejemplo las «detenciones arbitrarias» de dos de los 22 procesados: los periodistas Mourenza y Medone.
Según consta en las actas de esa fuerza de seguridad, los periodistas fueron detenidos en la Plaza de Mayo, cerca de las 20 de aquella noche, cuando -según las imágenes captadas por las las cámaras públicas- Mourenza y Medone son arrestados en la esquina de Avenida de Mayo y San José, pasadas las 22, dos horas más tarde de finalizada la manifestación, según Verdú.
«La intimidación pública es un delito que requiere del acuerdo entre las personas para, a través de ciertos actos, generar una situación de temor generalizado en la población. Ni siquiera tirar una piedra es comparable, hay un abismo, cuestionó Verdú.
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