Procesaron a De Vido en una causa por subsidios a colectivos

El juez federal Claudio Bonadio procesó al exministro de Planificación y diputado por el delito de defraudación contra la administración pública y lo embargó por 1000 millones de pesos. Investiga supuestas irregularidades en los subsidios entregados a las empresas de colectivos del Área Metropolitana y a algunas líneas del interior del país.

También fueron procesados, sin prisión preventiva, los exsecretrarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

Según fuentes judiciales, la maniobra ronda unos 609 millones de pesos, de los cuales 403 millones corresponden a la entrega de dinero en efectivo a las empresas y 205 millones en gasoil subsidiado para las unidades de colectivos.

En la resolución Bonadio explicó: “El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto se dictaron las resoluciones que regulaban todo el sistema incluyendo las relativas a las actuaciones de la CNRT y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar seis subsidios simultáneos con fórmulas de cálculo diferentes, además del gasoil a precio diferencial que a su vez poseía otra fórmula más”.

Y agregó: “En ese marco, el 23 de julio de 2003 se dictó la resolución 23/2003 de la Secretaría de Transporte que los kilometrajes a considerar para los cálculos de los subsidios fueran proporcionados por las empresas beneficiarias a través de declaraciones juradas”.

De esta manera, De Vido, quien ya cuenta con 26 imputaciones en diferentes investigaciones judiciales, suma un nuevo procesamiento a los tres que ya posee por las causas de la Tragedia de Once, por estrago culposo y administración fraudulenta; la compra de chatarra ferroviaria y por irregularidades en contratos de trenes.

La semana pasada, el fiscal Carlos Stornelli había pedido su detención y desafuero. Sin embargo, el viernes pasado el juez Luis Rodríguez rechazó la solicitud de Stornelli.

Aun así, el oficialismo tiene la intención de impulsar los tres proyectos de resolución que proponen expulsarlo de la Cámara por “inhabilidad moral”. No obstante, la Comisión de Asuntos Constitucionales todavía no tiene prevista una reunión.