Así lo decidió la jueza Capuchetti, quien además les trabó un embargo por 100 millones de pesos a cada uno.

La magistrada entendió, además, que el delito que les endilgó a los dos imputados está «agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas», según surge de la resolución, de 96 páginas.
Capuchetti mandó a trabar embargos sobre los bienes de ambos por 100 millones de pesos a cada uno, según surge de su resolución.
Sabag Montiel (35) es el hombre que apuntó (y gatilló) cerca de la cabeza de la dos veces presidenta con un pistola Bersa calibre 32 que tenía cinco balas en el cargador, mientras Uliarte (23) es su pareja y aparece en la investigación como quien planificó el ataque junto al agresor.
Ambos habían sido acusados de «haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner –Vicepresidenta de la nación y Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contado para ello con la planificación y acuerdo previo».
El intento de asesinato ocurrió el 1 de septiembre cerca de las 21 «cuando la Vicepresidenta se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud, apuntó hacia su rostro (de la Vicepresidenta) con una pistola semiautomática de acción simple», según surge de la imputación.
Por esta causa también está detenida Agustina Díaz (21) con quien Uliarte mantuvo conversaciones, al menos desde el 4 de julio pasado, es las que hablaron del intentar asesinar a la vicepresidenta.
Esos intercambios se extendieron hasta el 2 de septiembre, día en el que Díaz le aconsejó a Uliarte que se deshiciera de su teléfono celular, para evitar ser incriminada por el intento de magnicidio por el que había sido detenido Sabag Montiel.
Además, fue detenido Gabriel Nicolás Carrizo, referente del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve que integraban Uliarte y Sabag Montiel, luego de que fueran detectados en su celular mensajes que daban cuenta de su acabado conocimiento de la maniobra intentada por los principales acusados.
Fuentes de la investigación aseguraron, por otra parte, que en el expediente ya se investiga si los atacantes contaron con fuentes de financiamiento, para la cual se dispusieron medidas como el levantamiento del secreto bancario de algunos de los imputados.
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