Procesaron a dos ex jefes de Inteligencia del Ejército, por el robo de la Torre de Periodistas de Neuquén durante la dictadura

El juzgado federal N°2 de Neuquén dictó el procesamiento de dos exjefes de Inteligencia del Ejército en Neuquén por haber sido partícipes necesarios del robo de departamentos de la Torre de Periodistas y otros bienes de la Cooperativa de Vivienda del Periodista de Neuquén. 

El juzgado Gustavo Villanueva consideró a los represores Sergio San Martín y Jorge Héctor Di Pascuale, ambos con múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad, como partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda. Los dos eran oficiales en ese momento de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén.

La Cooperativa fue creada casi en paralelo al Sindicato de Periodistas para solucionar la falta de vivienda entre los periodistas de la ciudad de Neuquén. A comienzos de los 70 comenzó la construcción de la Torre de Periodistas I, la primera torre de departamentos de la zona, que contaba con 86 viviendas en 14 pisos, cocheras y un centro cultural comunitario que iba a funcionar en un predio vecino. 

Cuando faltaban apenas unos meses para su inauguración, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron la Cooperativa por la fuerza con el objetivo de quedarse con sus bienes. “Se metieron adentro y se llevaron toda la documentación de la cooperativa al Comando de la Sexta Brigada, acá a una cuadra. Ahí se instaló el despacho del interventor militar de la Cooperativa Ulises Normando Baca Cau”, recordó a Tiempo semanas atrás Víctor Reynoso, uno de los miembros fundadores de la Cooperativa y del Sindicato.

Con el argumento de que había sospechas de vínculos con la subversión, sacaron a 23 de las familias que tenían adjudicados departamentos y se los repartieron entre fuerzas armadas y de seguridad: 15 para el Ejército, 4 para la Gendarmería, 2 para la Marina y 2 para la Policía Federal. Además, las Fuerzas Armadas se quedaron con dos terrenos que, junto al Centro Cultural, fueron vendidos y pasando por diferentes manos hasta el día de hoy con participación de varios actores militares y civiles. 

“Nos situamos ante una compleja operación planificada por distintos actores del Estado Nacional con la finalidad de despojar a la Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda. de cuanto menos veintiún unidades para ser reasignadas al Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal”, señaló el juez.

Para el juez, al seleccionar el mismo día del golpe como fecha del operativo, “evidencia la relevancia que tenía para el Ejército concretar la intervención de la asociación y la sustracción de sus documentos”, y señaló que San Martín y Di Pasquale comenzaron con las tareas de inteligencia sobre la cooperativa desde antes del golpe.

“Resulta probable que hayan obtenido información de primera mano del mismo Baca Cau -quien figura como socio de la Cooperativa desde 1971; Pedro Brodi, periodista de LU-5 que se incorporó como personal civil a la SIDE al igual que (Raúl) Guglielminetti, quien por la época ejercía la actividad periodística en LU-5 y el diario Sur Argentino, quienes compartieron espacios con quienes formaron e integraron la Cooperativa”, añadió. 

“Finalmente se ha logrado este fallo, que es muy trascendente, porque se procesa a los responsables de esa ocupación. Estamos muy conformes porque era de nuestro interés que se dijera claramente que esto fue un robo”, dijo el abogado Mariano Mansilla, quien representa a los periodistas históricos que denunciaron la expoliación de los bienes.

Esta decisión “está declarando la imprescriptibilidad tanto de la acción penal como de la acción civil para poder recuperar esos bienes, y deberá investigarse en todo los casos a los responsables y a los cómplices civiles que tuvo la dictadura y que se quedaron con los bienes, que hicieron negocios, que desapoderaron a los periodistas de Neuquén”, añadió. 

Además de esta causa penal, los miembros originales de la cooperativa junto a familiares de sus compañeros y compañeras mantienen un reclamo administrativo (paso previo a una demanda civil) al gobierno de la provincia de Neuquén en reclamo de la restitución de las propiedades y la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos.