Producción y empleo en declive

Si bien han estado en los titulares de prácticamente todos los medios, no puedo obviar en esta columna dominical sobre economía y política los preocupantes datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), lo mismo que los del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), aunque en el último caso la sorpresa no es tanta, puesto que ya venía desplomándose.
En el caso del EMI, preocupa la baja interanual del 6,4% para junio (con un acumulado del –3,3% interanual para el semestre), que es la más alta para lo que va del año, lo que indica que la recesión se agudiza. Un deterioro que a su vez se generaliza, dado que hay rubros que ya venían cayendo y que ahora tuvieron retrocesos más profundos, mientras que los pocos que venían creciendo mostraron en junio una gran desaceleración, e incluso hubo fuertes descensos.
Además, al considerar las perspectivas de la actividad industrial en el rubro dotación de personal, son más las empresas que prevén una disminución en su plantilla durante el tercer trimestre de 2016 (8,0%) que las que anticipan una suba (4,3%). Mayor aún es la diferencia en la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo: el 7,2% de las empresas espera una suba para el tercer trimestre, en tanto el 21% prevé una baja. El empeoramiento de las perspectivas laborales es innegable, al comparar este último dato con el 2,9% de empresas que proyectaban bajas en ambas variables en la encuesta realizada tan sólo dos meses atrás. Esto confirma un panorama que alarma.

En el caso de la construcción, queda claro que el “frenazo” de la obra pública influye significativamente en la caída de la construcción del 19,6% en junio (12,4% acumulado del semestre). Ello contribuye a explicar la gran reducción del número de asalariados formales, con una pérdida de 62.463 puestos de trabajo registrados respecto del mismo mes del año anterior, lo que significa una disminución del 14% de la masa laboral registrada del sector. Estas cifras aumentan la preocupación por los puestos de trabajo no registrados, para los cuales no existen estadísticas formales.
El impacto decisivo de la paralización de la obra pública puede observarse en la evolución de los insumos para la construcción. En el acumulado del semestre, el asfalto se derrumbó 38%, mientras que el cemento cayó un 14 por ciento. Los rubros más vinculados a la obra privada tuvieron menores caídas, como los pisos y revestimientos cerámicos (6%) o las pinturas para la construcción (4%), incluso con un incremento del 7,6% en artículos sanitarios de cerámica.

Respecto de las perspectivas, la mayoría de las empresas espera una reactivación por el aumento de la obra pública. ¿Ayudarán las medidas del gobierno nacional a convalidar esas expectativas? La obsesión fiscal del actual gobierno, por cierto sesgada desde el punto de vista distributivo, no augura buenas perspectivas, no sólo para la construcción, sino también para la demanda agregada en general.

Los gastos de capital del gobierno nacional cayeron un 31% en términos reales en el semestre. ¿En qué medida esta evolución no esconde un interés para que el sector privado se haga cargo de las obras públicas, conformando una nueva vuelta a las privatizaciones? En este marco, el criterio de rentabilidad pasaría a ser el eje para la toma de decisiones, poniéndose en riesgo obras de infraestructura necesarias. En su defecto, serán las altas tarifas las que garanticen el repago del capital invertido. Una receta que ya vivimos, incapaz de perseguir las bases del desarrollo económico y social.

A flexibilizar

Fue poco feliz la mención a las “faltas” de los trabajadores en los últimos años. Más aún en palabras del presidente de la Nación, expresadas en el mensaje de la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestra Patria. El domingo pasado Mauricio Macri dijo en un reportaje en La Nación que la llegada de inversiones necesita: “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Es una más de las acciones de lobby para sus colegas empresarios, puesto que queda claro que esa “parte” a la que la justicia se vuelca es el trabajador, el más desprotegido en esos litigios. El día posterior, no casualmente, La Nación sacó un editorial exaltando la flexibilización laboral, lo cual no deja de ser llamativo dado que en abril de este año ya publicó otro sobre el mismo tema, repitiendo muchos de los conceptos. En esta oportunidad, menciona que “sólo un acuerdo de salarios y condiciones laborales en el nivel de empresa, con sus propias ventajas y dificultades, asegura la convergencia de intereses entre el empresario y sus empleados y trabajadores”. Insistente contra las negociaciones colectivas, ya en su editorial de abril las había comparado con la Carta del Lavoro de Mussolini, de 1927. Para el matutino, resulta esencial tener en consideración “la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa”. Para lograr que el gobierno reciba bien el mensaje, aclara: “la forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación”, y agrega: “El período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares son instrumentos eficaces de promoción del empleo y reducción de los costos laborales.”
Un verdadero decálogo de la flexibilización laboral y de la pérdida de derechos de los trabajadores. Pero avanza más, proponiendo crear un fondo para indemnizaciones por despido con aportes del trabajador y contribuciones del empleador, y se preocupa en aclarar que “los administradores de estos fondos podrían ser entes autónomos creados al efecto”, es decir, un posible nuevo negocio para empresas privadas. La Nación respalda estas normas flexibilizadoras como el camino para llevar a Argentina al “primer mundo”. Pero dado que después de la experiencia de los noventa es muy probable que este argumento no convenza, echa mano al ya cansino caballito de batalla: la supuesta difícil coyuntura económica recibida de la gestión kirchnerista.

Una guerra de intereses

Una reflexión especial merecen los dichos del papa Francisco a los periodistas en su viaje a Cracovia: “Una palabra que se repite mucho es ‘inseguridad’. Pero la verdadera palabra es ‘guerra’. Desde hace tiempo decimos: ‘El mundo está en una guerra a trozos’. Esta es una guerra. Estuvo aquella del ’14, con sus métodos; después aquella del ’39–’45, otra gran guerra en el mundo; y ahora esta.”

El papa aclara: “Cuando yo hablo de guerra, hablo de guerra en serio, no de una guerra de religión, no. Hay una guerra de intereses, hay una guerra por el dinero, hay una guerra por los recursos naturales, hay una guerra por el dominio de los pueblos: esta es la guerra.” Esta última definición es esencial, y nos indica los intereses a los que nos enfrentamos, y lo que está en juego en ese “volver al (primer) mundo” que propone el gobierno de Cambiemos. Alarma la mención de Macri al presidente mexicano, de visita en nuestro país: “espero que finalmente haya un acuerdo de integración absoluta de libre comercio entre ambos países”. La concreción del mismo significaría entrar al NAFTA por la ventana, con todas las implicancias negativas que posee. En este marco, la reducción de las limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, decidida por decreto de Macri, lleva a considerar nuestro posicionamiento en la “guerra del agua” que podría generarse en el futuro y que el papa ya incorpora implícitamente entre las fuerzas que fomentan la “actual guerra” que se está desarrollando.