Propiedad privada

Furia estatizante, cruzada confiscatoria, el fantasma de Hugo Chávez recorriendo el país al grito de “exprópiese”. La derecha vernácula y sus principales editorialistas vivieron una semana de zozobra, subyugados por dos amenazas simultáneas: la de la vicepresidenta y la del Papa. Cristina propuso reformar un sistema de salud fragmentado que la pandemia ha obligado a integrar “a las patadas”. Los prestadores de la medicina privada escucharon lo que quisieron: según Claudio Belocopitt, el más mediático de los popes de las prepagas, el kirchnerismo busca desfinanciarlas, ponerlas de rodillas y, “sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos”, estatizarlas.

Casi al mismo tiempo, Francisco repetía ante la OIT algunos de los postulados centrales de la doctrina social de la Iglesia durante el último medio siglo, ninguna novedad. Habló de todo eso que a la derecha la tiene sin cuidado mientras no se subleve: pobres, sindicatos, movimientos populares. Se necesita “una reforma a fondo de la economía”, dijo. Y al cabo pronunció la máxima herejía, en rigor nada que no se venga diciendo desde el Concilio Vaticano II: la propiedad privada es “un derecho secundario”, subordinado a un derecho mayor, que es “el destino universal de los bienes de la tierra”.

Las palabras de Cristina y Francisco vinieron a echar sal en una herida imaginaria que el nuevo capitalismo de este siglo, negacionista y predatorio, se autoinflige para ejercer una tarea que siempre le sentó bien: el macartismo desenfrenado. Una encuesta acaba de identificar a las figuras internacionales “más odiadas” por los votantes de Mauricio Macri: Maduro roba, Evo entra segundo y Bergoglio, muy cerca, completa el podio. ¡Hasta el Papa es comunista!

Las acechanzas a la propiedad privada se multiplicaron esta semana. Tras la pretendida asonada estatista de CFK, que aterró a los dueños de la salud privada; los dueños de la tierra clamaron por seguridad jurídica ante un comentario del presidente, durante un acto en Mercedes por la urbanización de lotes y la entrega de créditos para construir. “No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”, dijo. Para la Mesa de Enlace, fue una invitación a la usurpación y aun más: la negación del derecho de herencia.

Por fin, una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Avellaneda encendió todas las alarmas: “parcelamiento y edificación obligatorios”, un instrumento de gestión urbana diseñado para garantizar un acceso justo al hábitat. Si tras un plazo de ocho años el inmueble sigue en desuso, la propiedad se declara de utilidad pública y queda sujeta a expropiación. Es decir, el Estado lo compra a precio de mercado. Un golpe a la especulación inmobiliaria en un contexto de fuerte déficit habitacional. La derecha pura y dura que impone su sentido común a la sociedad desde los medios corporativos ve otra cosa: un soviet que asoma al otro lado del Riachuelo.

Nada, absolutamente nada, indica que este gobierno piense en algo remotamente parecido a abolir la propiedad privada –la prueba cabal es la marcha atrás de una medida perfectamente constitucional como la expropiación de la cerealera Vicentin–, pero el runrún de la expropiación ya está instalado. El conservadurismo argentino se ha vuelto tan reaccionario que ya no tolera escuchar siquiera las más escrupulosas tradiciones cristianas –“el derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación”–, menos hablar de redistribución, y mucho menos, de derechos.   «