Prostitución: condenan a un concejal de Cambiemos de La Matanza y un empleado del Consejo de la Magistratura porteño

Un concejal de Cambiemos en La Matanza y un empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Se trata de Miguel Ángel Calvete, durante años representante de los supermercadistas chinos, y del escribiente Ramiro Martín Rius. Ellos dos y un tercer acusados, Alejandro Calvete, hermano de Miguel Ángel, recibieron idénticas condenas del Tribunal Oral Criminal N°8, que consideró acreditado que, entre junio de 2015 y diciembre de 2016, le asignaron a las víctimas departamentos en la Ciudad a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler del mercado y con condiciones contractuales leoninas.

Además, según se informó en Fiscales.gob.ar, el portal del Ministerio Público Fiscal, el tribunal conformado unipersonalmente por Javier Anzoategui ordenó el decomiso de dos inmuebles utilizados como lugar de explotación y la prohibición de salida del país de los condenados. En el debate intervinieron la fiscal Maria Luz Castany y el auxiliar fiscal Leónidas Quintela.

Para el magistrado quedó comprobado que Rius y los hermanos Calvete conformaron una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos donde les “permitían” vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico desmedido, muy por encima de los valores de mercado de un alquiler.

La fiscalía valoró en su alegato las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, de las cuales surgían inequívocas referencias a la explotación sexual, al pago de diversos montos de dinero y al control que los imputados ejercían sobre la actividad de las mujeres en situación de prostitución.

“La actividad delictiva que desplegaban consistía, en definitiva, en aprovechar el estado de vulnerabilidad de quienes se prostituían exigiéndoles pagos exhorbitantes para el uso de los distintos inmuebles familiares que poseían los Calvete y de otros alquilados, que eran ocupados no por una, sino por varias mujeres que debían hacer frente a esos pagos”, aseguró la fiscal Castany.

La representante del MPF mencionó la declaración durante el debate de una de las víctimas, que aseguró que Rius, escribiente empleado del Poder Judicial porteño desde 2008 y recibido de abogado en la Universidad de Palermo, pasaba a cobrarle el dinero del lugar que ella alquilaba. También relató que las condiciones de alquiler se basaban en que ella no tenía un recibo de sueldo para acreditar ingresos ni garantía, de modo que acordó con ese imputado que le cobrara más de lo normal por el alquiler. En cuanto a la periodicidad de los pagos, dijo que Rius pasaba a cobrarle 2500 o 3000 pesos por semana.

En su alegato, la Fiscalía también solicitó el decomiso de los inmuebles utilizados como lugar de explotación.

La causa se originó en una investigación preliminar de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la División Trata de Prefectura Naval Argentina.