Protesta, represión y detenciones: ambientalistas de Greenpeace contra la Ley de Glaciares

En un clima de máxima tensión, la Policía Federal desalojó la protesta. Camarógrafos y cronistas denuncian violencia policial. El oficialismo busca modificar este jueves la Ley de Glaciares, para abrir el ambiente periglaciar a la explotación de la megaminería.

La antesala del debate en el Senado por la modificación de la Ley de Glaciares se convirtió este jueves en un escenario de tensión y autoritarismo. Un grupo de ambientalistas de Greenpeace fue detenido tras realizar una protesta simbólica en las escalinatas del Palacio Legislativo, donde instalaron inodoros y carteles con una consigna directa hacia los legisladores: “Senadores no se caguen en el agua”.

La intervención buscaba denunciar el peligro inminente que corre el ecosistema periglaciar, ante el avance del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La respuesta de las fuerzas de seguridad no se limitó a la detención de los manifestantes. Efectivos de la Policía Federal agredieron físicamente a camarógrafos y cronistas que cubrían los hechos; un trabajador de prensa fue arrojado al suelo y trasladado por las fuerzas policiales, en un claro intento de obstaculizar la visibilidad del reclamo.

Contra la Ley de Glaciares de Milei

Este despliegue represivo ocurre a pocas horas de que la Cámara Alta vote una reforma que redefine la protección ambiental con el objetivo confeso de atraer inversiones para proyectos de megaminería e hidrocarburos.

El proyecto oficialista, cuestionado por científicos y asambleas de todo el país, busca flexibilizar los límites de preservación del ambiente periglaciar. Bajo el argumento de la «modernización» y la necesidad de divisas, la administración libertaria propone abrir zonas hoy resguardadas a la explotación extractivista.

Mientras los activistas denuncian que se está hipotecando el recurso hídrico estratégico de la Argentina, el oficialismo se dispone a tratar una ley que, de sancionarse, dejará a los glaciares a merced de los intereses corporativos, custodiados por un operativo policial que ya demostró su nula tolerancia a la protesta social y la libertad de prensa.

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