Protestas populares y deterioro institucional, capítulo Guatemala

Como en Ecuador o en Sri Lanka, como en Panamá o en Uganda, un descontento popular masivo y multisectorial copó por estos días las calles de Guatemala. El tópico se repite en los cinco continentes: el vertiginoso aumento del costo de vida, principalmente en alimentos y combustibles, que se expande a escala global por las derivas de la pandemia y la guerra en Ucrania y que multiplica las crisis preexistentes. Pero cada rebelión social tiene sus condimentos locales y, en el caso guatemalteco, la corrupción, la cooptación del Poder Judicial y la criminalización de la protesta completan el combo que prendió la mecha.

El martes y jueves pasado, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y sindicales realizaron un “paro plurinacional” que incluyó bloqueos en once puntos del país y una masiva marcha en la capital. “La situación económica es desesperante, creció mucho el hambre y cada vez más gente se está yendo del país. La respuesta del gobierno fue sólo dar un subsidio a las empresas de combustibles, que implicó una pequeña rebaja, que no llega ni cerca a paliar los efectos de la inflación”, relata a Tiempo, Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina. Las y los manifestantes, además, repudiaron los actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei que, denuncian, no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, amiga del presidente.

Barrientos señala que “esa corrupción llevó a la cooptación del sistema de justicia, desde la fiscalía hasta la Corte de Constitucionalidad, al servicio de intereses oscuros y criminales”. Al menos 24 funcionarios judiciales tuvieron que exiliarse tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General. En tanto, diversos organismos como la CIDH y Human Rights Watch vienen denunciando el debilitamiento del estado de derecho en el país.

El otro eje de los reclamos es la deriva represiva del gobierno, que podría profundizarse si prospera un proyecto de ley que autoriza a la policía a usar sus armas para disolver las protestas. “Estamos viviendo una etapa de consolidación del Estado autoritario. Hay un aumento de la militarización de los territorios y la persecución a activistas sociales”, señala Jorge Santos, coordinador de la Unidad de protección a defensores y defensoras de DDHH (Udefegua).Para él, las principales víctimas de esta escalada son quienes se resisten al modelo extractivista: “Donde más se están implementando los proyectos mineros, energéticos, la expansión de monocultivos y destrucción de bosques es donde hay más agresiones contra defensores de la tierra y los bienes comunes”.

Según un informe de Udefegua, en 2021 se registraron 1002 agresiones contra defensores de DDHH -incluidos once asesinatos-, 147 contra ambientalistas y 127 contra periodistas y comunicadores. Precisamente otra de las demandas es la liberación del reconocido periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, encarcelado el 29 de julio días después de lanzar fuertes críticas al presidente y exfuncionarios cercanos.

Las manifestaciones, además, tienen un gran protagonismo juvenil, sobre todo de las y los estudiantes de la Universidad de San Carlos (la única estatal del país) que están de paro desde hace más de 100 días por la elección fraudulenta del nuevo rector.

Los impactos de la economía mundial agravan las crisis previas y siguen provocando revueltas sociales. Ahora es el turno de Guatemala, uno de los países más desiguales del continente, con el 59% de habitantes en la pobreza y casi un 20% en la indigencia, y un gobierno que responde profundizando la represión y el deterioro institucional.

A la par, crece la resistencia en las calles mientras asoman en el horizonte las elecciones presidenciales del año que viene, donde las fuerzas populares tendrán el desafío de transformar la bronca en alternativa política.