Provincia: cooperativas en alerta por cambios «inconstitucionales» en la ley impositiva

A través de una nota, cuatro organizaciones que nuclean a las cooperativas a nivel nacional reclamaron a los legisladores bonaerenses que intercedan ante el gobierno de María Eugenia Vidal para que elimine dos artículos del proyecto de la Ley impositiva 2017 que dejan abierta la puerta para que el sector sea gravado con el impuesto a los Ingresos Brutos. 

En la carta, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Confederación Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (CONAICE) rechazan los artículos 125 y 128, inciso f, incluidos en el proyecto de ley fiscal que implican un cambio en el Código Fiscal de la provincia y que son “manifiestamente inconstitucionales”. 

“El movimiento cooperativo argentino se siente lamentablemente sorprendido frente al proyecto de Ley Impositiva 2017 que pretende derogar la no sujeción del acto cooperativo al impuesto sobre los Ingresos Brutos y convertirla en una simple exención”, señalaron las organizaciones en la nota y recordaron que hubo tres iniciativas parlamentarias similares presentadas en 2011, 2012 y 2014 que “fueron rechazadas en virtud del carácter inconstitucional” de la propuesta. 

La actividad de las cooperativas está amparada por el artículo 41 de la Constitución bonaerense en el que se establece que la Provincia “fomenta la organización y desarrollo de cooperativas, otorgándoles un tratamiento tributario acorde con su naturaleza”. Esta manda constitucional se hizo operativa a través de la ley 13.360, aprobada en 2005, dejando fuera del alcance del impuesto sobre los ingresos brutos a las operaciones realizadas por las cooperativas con sus asociados. 

En sus fundamentos, la ley destaca que “el legislador no puede ignorar que la actividad de las cooperativas es en esencia una prolongación de la actividad de sus asociados, una actividad común de todos ellos que se unen para dar a su acción la potencialidad del conjunto y obtener así lo que individualmente no pueden alcanzar o les representa un mayor costo, un mayor sacrificio”. Y agrega que “es la propia realidad económica la que determina que en la relación cooperativa-asociado existe en verdad un solo sujeto”. 

En la nota, las confederaciones también remarcaron que la “naturaleza jurídica de las cooperativas tiene fundamentos sólidos” como que “el capital no tiene poder en las decisiones (un asociado, un voto, cualquiera sea su capital) ni tampoco tiene derecho a los resultados de la gestión” y que “los dueños del capital en las cooperativas carecen de derechos sobre el resto del patrimonio neto, porque las reservas de la entidad son irrepartibles”. 

Desde el Frente Renovador y el GEN ya adelantaron su rechazo a los cambios. En diálogo con Tiempo, el diputado massista Pablo Garate consideró que “es un golpe a los bonaerenses ya que las cooperativas generan empleo y son las que empujan el desarrollo regional” y anticipó que desde ese espacio pedirán al Ejecutivo que dé marcha atrás.

El diputado del GEN, Marcelo Díaz, por su parte, dijo que “es necesario excluir al movimiento cooperativo en el artículo 125 de la ley fiscal en que lo incluyen con una alícuota cero para en un futuro gravarlo. Somos defensores del movimiento cooperativo, de la economía social” y aclaró que ese reclamo fue elevado al ministro de Economía, Hernán Lacunza, en la reunión que mantuvo la semana pasada con legisladores.