Lo anunció la ministra de las Mujeres, Estela Díaz. "Nadie va a perseguirlas por esto y no le vamos a descontar los días como hizo la ex gobernadora Vidal”, dijo al presentar la reglamentación de la Licencia por Violencia de Género para las mujeres que trabajan en el Estado bonaerense.
La decisión fue informada por la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y su par de Trabajo, Mara Ruiz Malec, durante la presentación de la reglamentación de la Licencia por Violencia de Género que comienza a regir desde hoy en toda la administración pública provincial.
«Sabemos que hay convocatoria desde el movimiento de mujeres y que han adherido al paro. Nadie va a perseguirlas por esto y no le vamos a descontar los días como hizo la ex gobernadora (María Eugenia) Vidal”, anunció Díaz durante el acto de presentación de la nueva Licencia por Violencia, que se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación.
En los años anteriores, tanto docentes como trabajadoras administrativas recibieron descuentos por adherir al paro del 8M, pese al reclamo de los gremios. Mientras fue gobernadora, Vidal nunca declaró asueto el 8 de marzo para permitir que las empleadas participaran de la protesta internacional.
La resolución del gobernador Axel Kicillof se suma a otra disposición administrativa que era un viejo reclamo de los estatales de la ley 10.430: la «Licencia para mujeres víctimas de violencia». Si bien la ley que la dispone se promulgó en 2017, nunca había sido reglamentada. Finalmente hoy se promulgó el decreto 121/2020 que establece este nuevo derecho que contempla las ausencias y la flexibilidad horaria necesaria para atender situaciones de las mujeres víctima de violencia.
La normativa establece que la licencia podrá ser de hasta 35 días y exime el requisito que exigía la ley de presentar una denuncia penal. Hasta ahora, las licencias por violencia de género quedaban registradas en los legajos de las empleadas del Estado como «licencias psiquiátricas».
También prevé «medidas precautorias» para garantizar las condiciones laborales de la trabajadora en los casos en que el agresor denunciado sea un trabajador de la misma dependencia pública. Asimismo, si la mujer afectada solicita un cambio en el lugar de trabajo se impulsará priorizando la continuidad de su carrera administrativa.
Al presentar el decreto, la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, aseguró que la normativa «pone en el centro la protección del trabajo y de la trabajadora y da un paso decisivo que es la constitución de equipos interdisciplinarios en todas las dependencias». Asimismo, sostuvo que «había una gran deuda con las trabajadoras del Estado respecto a la reglamentación de esta licencia» y valoró: «Hoy tenemos un gobierno que plantea que las luchas por derechos deben ser políticas de gestión pública».
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, explicó que «se trata de una herramienta que es amplia, pretende ser comprensiva, contenedora y reparadora no solo en los términos de poder ausentarse del trabajo sino también en un acompañamiento por parte del Estado». Y amplió: «Entendemos que es una licencia que es mucho más que una licencia, pretende ser una presencia activa del Estado con estos equipos interdisciplinarios».
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