El sobreendeudamiento familiar ya no es sólo un problema financiero sino que pasó a ser un problema social que se evidencia más en los barrios populares, donde los vecinos comenzaron a relacionarse cada vez más a través de préstamos, cobros, enojos y violencia. Así lo diagnostica Noelia Saavedra, diputada provincial bonaerense y dirigente del espacio Reconquista, que conduce la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien presentó un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para frenar el acoso financiero. “Las problemáticas barriales se convierten en situaciones muy peligrosas y muy violentas entre vecinos. Nosotros entendemos que estas problemáticas no son de índole personal, sino que tiene que intervenir el Estado”, define la legisladora en diálogo con Tiempo.
El proyecto de la diputada bonaerense de Fuerza Patria propone crear un “Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas”. Así se llama el proyecto legislativo y apunta a regular el crecimiento del crédito digital, limitar prácticas de hostigamiento extrajudicial y establecer herramientas de alivio frente a los altos niveles de sobreendeudamiento familiar en la provincia de Buenos Aires.
“Lo que vemos es que cada vez más familias se endeudan para cubrir necesidades básicas, comprar medicamentos y pagar servicios a partir de todas las quitas de regulaciones del gobierno nacional y de subsidios, tanto en los servicios como en el transporte; en los medicamentos de las personas jubiladas y en los recortes que hay en la política alimentaria. Esto hace que haya cada vez más familias endeudadas, a través de los medios tradicionales, como préstamos bancarios o a través de la tarjeta de crédito. Ahora se suma la complejidad de la cuestión digital, los préstamos personales, a un click desde el celular o la computadora que muchas veces llega sin mucha información, sin hacer por parte de las empresas un cálculo sobre un scoring de cuánta deuda puede tomar o también sabiendo que esa familia no va a poder pagar”, detalla la legisladora.
Sólo en el primer semestre de este año, la Dirección de Derechos de Consumidores y Usuarios de ese municipio recibió 287 denuncias contra bancos y financieras virtuales y brindó 372 asesoramientos jurídicos vinculados a esta problemática. En abril de este año, en Moreno se sancionó una ordenanza para familias en situaciones de vulnerabilidad financiera que habilita la reestructuración de deuda a través de una instancia conciliatoria municipal, sanciona las prácticas usureras y abusivas de los proveedores de crédito y crea un registro obligatorio de todos los comercios y entidades que otorguen créditos al consumo en el territorio. A partir de esa experiencia, la legisladora propuso para la Provincia facultar a la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios como autoridad de aplicación para fiscalizar plataformas de crédito digital, billeteras virtuales, proveedores de servicios de pago (PSP) y sistemas de cobranza automatizada dentro del ámbito bonaerense.
El proyecto también apunta al funcionamiento de las fintech, como Mercado Pago y Ualá, y de las modalidades de financiamiento “Buy Now, Pay Later”, traducido, “compra ahora, paga después“, y propone que las empresas exhiban una “Ficha de Costo Total” con tasas, punitorios, refinanciaciones y costo final de cada operación, además de prohibir cargos ocultos, renovaciones automáticas y consentimientos tácitos.
Asimismo, la legisladora bonaerense incorporó restricciones sobre el acceso a datos personales por parte de las aplicaciones de crédito e impide que las empresas condicionen préstamos al acceso a contactos, galerías de imágenes, ubicación permanente, micrófono u otra información considerada innecesaria para concretar la operación financiera. La diputada Saavedra impulsa una ley para regular créditos digitales, limitar cobranzas abusivas y asistir a hogares endeudados.
Uno de los artículos más extensos del proyecto se enfoca en las cobranzas extrajudiciales y en los mecanismos de presión sobre deudores. Sobre este punto, la propuesta de Saavedra restringe contactos hostigantes, amenazas de embargo sin intervención judicial, mensajes degradantes, escraches y comunicaciones dirigidas a terceros ajenos a la deuda, prácticas que en muchos casos suelen profundizar la situación de vulnerabilidad de las familias endeudadas.
“Las comunicaciones hostigantes, la utilización de mecanismos automatizados sin control, el contacto con terceros, las amenazas o la simulación de instancias judiciales constituyen formas de violencia económica que afectan la dignidad de las personas y agravan las situaciones de vulnerabilidad”, justificó Saavedra. «
