La locademia de inteligencia que la AFI de Cambiemos hizo funcionar en 2017 en la provincia de Buenos Aires rastreó la información publicada por
Clarín sobre una falsa denuncia contra Elisa Carrió, investigó con quién se peleaba a trompadas el piquetero Luis D’Elía, sospechó del “descontrol” en los recitales del Indio Solari. Infiltró movimientos sociales y políticos, punteros y sacerdotes, comedores populares, buscando el origen de los alimentos que les suministraban a los indigentes. Usó todo el aparato estatal para esos fines. Incluso, cuando un agente colocaba una cámara de espionaje y cayó de un techo, la atención médica estuvo a cargo de la ART de la AFI.
Todos los informes iban a parar a la Subdirección de la AFI, a cargo de Silvia Majdalani. Así lo reconoció Pablo Pinamonti, sindicado como el responsable de las bases de la agencia de inteligencia en territorio bonaerense, el denominado “Proyecto AMBA”, procesado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
La lectura de la investigación causa asombro, vergüenza. Si no fuera tan grave, también causaría risa.
Pinamonti dijo en su indagatoria que nunca realizó espionaje político. Sin embargo reconoció que los agentes que él coordinaba investigaron “una pelea física entre dos dirigentes sociales. Uno muy conocido, como el señor D’Elía, y otro dirigente también de La Matanza, de esta zona de Virrey del Pino. Se disputaban una cantidad de planes sociales, esto llevó a un conflicto”.
“Nos pasó de tener alarmas en actos públicos, de determinadas amenazas, de ir a generar descontrol. Recuerdo el recital de Los Redonditos, de Patricio Rey, (se refiere al concierto de Solari, en Olavarría, en marzo de 2017) que también tuvo alarmas en relación a eso. Insisto, se reunía información en relación a estas amenazas, de estos indicios y se trasladaba a las dependencias oportunas”. Cuando el juez preguntó cuáles eran esas dependencias, respondió: “Se lo mandábamos a la Subdirección. (…) Se llevaba en papel, en un sobre, todos los días y lo recibía una persona en la Subdirección”. La subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, está citada a indagatoria para el próximo martes.
Pinamonti desconoció todos los documentos que le exhibió el juez, incluso los que estaban dirigidos a él. Con la leyenda “para entregar a Pablo”, en la causa figura un trabajo sobre una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Carrió, que el juez federal Daniel Rafecas cerró rápidamente cuando olió la operación de los servicios. El periodista de
Clarín Claudio Savoia publicó un artículo en el que deslizaba la supuesta responsabilidad en esa operación de “Pinamonte”. En ese contexto aparece el informe que mezcla, a modo de hipótesis, a un puntero “del FPV (Frente para la Victoria) o del FR (Frente Renovador)”, por entonces en veredas opuestas; al entonces ministro bonaerense Cristian Ritondo, a su jefe de Gabinete, Marcelo Rochetti; al extitular de la SIDE Miguel Angel Toma; a su “asesor”, Antonio Stiuso; a un contador y a un abogado peruano del kirchnerismo. Una ensalada.
“Nosotros trasladábamos un boletín de algo que pudiera ser vinculado a estas alertas. Después de ahí, no solamente que nos desentendíamos, sino que pasaban a otras áreas donde esto se evaluaba, se analizaba. (…) El área de análisis es la que le pone el valor agregado. Esto está en la cabeza de la Subdirección”.
El expediente está repleto de documentos en formato texto o Excel con información sobre los responsables de los comedores sociales. Por ejemplo, el cura Pablo Marcenaro, del Arca de Noé, en la localidad de Paso del Rey. La dolorosa foto que ilustra el informe parece escapada de una canción de León Gieco: allí solo hay pibes comiendo.
Entre las organizaciones infiltradas estuvo Barrios de Pie. Según la documentación, el sábado 9 de setiembre de 2017, el “agente civil de inteligencia del cuadro F 12 Leonardo Omar Jara” estaba trabajando en la “reunión de información sobre malversación en la entrega de alimentos que podría desarrollar el movimiento Barrios de Pie”. Esas tareas solo pueden realizarse por orden de un juez. No hay ninguna constancia de ello. “El agente facilitó instalaciones de un comercio propio en Isidro Casanova para que los mismos se reunieran, con el objetivo de generar confianza con los referentes del movimiento y así obtener información sobre la posible malversación referida”. El documento explica que “el agente sube al techo del local para fijar cámaras que lograran la captación de imágenes y sonido durante la referida reunión”. Pero una chapa cedió; cayó desde una altura de siete metros y se fracturó la pelvis. Fue trasladado de urgencia a la clínica Tachela de Haedo. Pero -dice el informe- “la clínica se interioriza de lo ocurrido y se comunica con ART Provincia”, que cubría a los agentes de inteligencia del Proyecto AMBA. Jara había sufrido un accidente de trabajo. «
