Proyecto de ley de inquilinos: «Queremos cambiar los parámetros de la actividad»

Con propuestas ambiciosas que van al hueso de la actividad inmobiliaria, se presentó un proyecto de ley en la legislatura de porteña que intenta proteger al inquilino y mejorar las condiciones del acceso a la vivienda. Los principales puntos son eximir al inquilino del pago de comisiones a la inmobiliaria y de la obligación de presentar una garantía, entre otras cuestiones centrales.

El proyecto fue presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Gervasio Muñóz, de Inquilinos Agrupados, explicó a Tiempo: “Queremos cambiar los parámetros de la actividad inmobiliaria. Por ejemplo, creemos que la comisión la tiene que pagar el dueño. ¿Para quién trabajan las inmobiliarias y qué rol cumplen? Esa es la discusión de fondo. Si es un servicio para el propietario, que se arreglen el propietario con la inmobiliaria. Aunque parezca mentira, este punto es el que más consenso tiene en la legislatura”. La comisión significa el 4.15% del valor total del contrato.

Una de las complicaciones más comunes para los inquilinos son las garantías. Por estos días, es común incluso que se exiga al inquilino una garantía perteneciente a un familiar directo y hasta de primera generación. “Es insólito. Dentro de poco vas a tener que demostrar que tenés una casa para poder alquilar. Nuestra propuesta dice que la garantía puede ser el recibo de sueldo, a través de un pago seguro. Es una especie de débito, que va directo del sueldo al pago del alquiler, lo cual incluso mejor para el propietario, también. Y al inquilino no se le exige que un familiar sea dueño de una porción de la Ciudad”, graficó.

La propuesta consta de ocho puntos centrales. Además de las mencionadas, figuran la prevención de la discriminación contra inquilinos; la creación de un contrato modelo de alquiler; una campaña masiva sobre derechos del inquilino; la creación de una comisión especial para elaboración de propuesta integralla creación de oficinas comunales de atención al público; la certificación gratuita de firmas, y la gratuidad de los informes de dominio. “Se termina el curro de las inmobiliarias con las certificaciones de firmas que a veces ni siquiera se cumplen y con los pedidos de informes, que cuestan $360 y llegan a cobrarte entre 4 y 5 mil pesos”, apuntó Muñóz.

Buenos Aires es la Ciudad con mayor proporción de inquilinos en todo el país. Según datos oficiales de 2015, más del 35% de los hogares porteños es inquilino.

Contraataque inmobiliario

El Colegio Profesional Inmobiliario se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que revise el fallo que declaró la nulidad de la resolución que habilitaba al cobro a los inquilinos de dos meses de comisión.

“Evidentemente, el Colegio no tiene la decisión de cumplir con lo que dicta la ley, por lo tanto, hay que rediscutir quién tiene que controlar a las inmobiliarias», afirmó Muñoz.