El proyecto del PJ para que Argentina no pague el «tramo político» de la deuda con el FMI

La propuesta que anunció Cristina Fernández la semana pasada en televisión sobre qué hacer con la deuda del FMI ya está lista para ser aprobada por la presidenta del PJ. CFK sostuvo que sólo hay que pagar la parte que le corresponda al país por la  capacidad de endeudamiento aceptada por el organismo internacional y el resto se tiene que auditar ya que está bajo sospecha el carácter político de su otorgamiento.

Esta propuesta del PJ, a la que accedió Tiempo Argentino, se basa en la simple premisa de “pagar lo que nos corresponde” y luego revisar el “excedente político”, que según evalúan, llega a 45 mil millones de dólares.

Según pudo saber Tiempo, a días de que la Corte Suprema defina sobre la libertad de Cristina, la expresidenta estuvo encima de la elaboración de esta propuesta técnica destinada a sustentar el objetivo político que ya había anunciado en C5N.

La estrategia es cuestionar el pecado original de la toma inicial de deuda que hizo Mauricio Macri en junio de 2018 a partir del dato más obvio: el porcentaje de participación societaria argentina en el Fondo, que, según el reglamento, es de 0,87% del total de cuotas de los l90 países que componen el FMI por lo que le corresponde un poder de voto similar, 0,85 por ciento.

Por su parte, Estados Unidos cuenta con el 17,45 del total de las cuotas, con un poder de voto de 16,5%, lo que lo convierte en el único país con poder de veto en las decisiones clave.

En un documento de 20 páginas, elaborado a pedido de Cristina por un grupo técnico dentro del equipo de Economía del PJ, se evalúan los reglamentos internos del organismo con el objetivo de saber cuánta deuda corresponde pagar al Estado argentino según los estándares técnicos de la burocracia interna del Fondo y cuánto se otorgó de más bajo presión de Donald Trump, en épocas de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei. El objetivo del texto, según explicaron fuentes del espacio, es aportar una propuesta ordenadora desde la cúpula del partido que muestre voluntad de pago pero que a la vez diferencie la deuda legítima de la ilegítima. “La intención es generar soberanía sobre la fuerza con la que se impone el Fondo y plantear que hay un excedente de deuda que es político”, sintetizan.

Ese excedente, que pesa sobre todos los argentinos, se calcula en 45 mil millones de dólares.

El documento que está en evaluación de Cristina sostiene que “Argentina acumula cerca del 1.363% de su cuota, lo cual está muy por encima de los límites ordinarios del FMI” y que el país  tendría que haber accedido en condiciones normales a unos a unos 18.860 millones de dólares acumulados, según su cuota. Sin embargo, sumando el último crédito contraído durante la gestión de Javier Milei, la deuda total actual, al 30 de mayo, asciende a 54.597 millones de dólares. En términos de magnitudes este valor implica tres veces la cuota asignada a Argentina.

El texto también acude a la propia evaluación negativa que hace el Fondo. En su informe de diciembre de 2024, la Independent Evaluation Office (IEO) sostuvo que “el programa Stand-By de 2018 para Argentina fue aprobado sin un análisis adecuado de sostenibilidad de la deuda y sin garantías realistas de acceso a los mercados” y reconoce que “los préstamos excesivos sin un programa creíble y sostenible comprometen la reputación del FMI y pueden ser considerados como una forma de corresponsabilidad en la generación de crisis posteriores.”

Para este equipo de trabajo este reconocimiento institucional habilita la posibilidad de desconocer o reestructurar la porción de la deuda contraída por encima de la cuota, especialmente si se demuestra que el Fondo violó sus propios criterios. Sostienen que la responsabilidad compartida entre prestatario y prestamista, principio reconocido en derecho internacional financiero, permite exigir una revisión de acuerdos que hayan sido otorgados sin cumplir los estándares mínimos de gobernanza técnica y sin considerar la capacidad de repago del país.

Además, plantea apelar a la jurisprudencia internacional para evaluar qué países renegociaron sus deudas excesivas en tribunales financieros internacionales, en base a los criterios de deuda odiosa o ilegítima, falta de beneficio real para el país endeudado y violación de los procedimientos regulares de aprobación y uso de los fondos. El objetivo es que Argentina pueda reclamar la revisión formal de la porción de deuda que excede el 435% de su cuota para pedir su cancelación, refinanciamiento en condiciones blandas, o conversión en fondos de desarrollo. Además, el país puede apelar a que no se cumplieron desde el Fondo los mecanismos de evaluación a la hora del otorgamiento que requerían de parte del país deudor que tuviera alta probabilidad de repago, sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, acceso al mercado o perspectivas realistas de acceso y la implementación de un programa sólido de políticas económicas. Nada de eso se tuvo en cuenta en la conversación que tuvieron Macri y Trump en 2018.

En síntesis, la propuesta es reconocer la obligación de pago solo hasta el 435% de la cuota argentina, por el monto de 18.860 millones de dólares y suspender los pagos sobre los tramos excedentes. A la vez propone enviar una solicitud formal de revisión al propio FMI. Pero también conformar una auditoría técnico-legislativa independiente que evalúe la legalidad, destino y beneficios del endeudamiento con el FMI desde 2018 hasta la actualidad.

Como se dijo, al 30 de mayo de 2025, la deuda de Argentina con el Fondo alcanza los 54.597 millones de dólares, lo que convierte al país en el principal deudor del organismo a nivel global. Para salir de este mega endeudamiento, Cristina quiere llevar el caso argentino ante foros multilaterales y de países deudores, “impulsando una agenda de corresponsabilidad institucional”, en donde, a la vez, propone recalcar la voluntad de pago por parte de Argentina con el objetivo de que el país honre sus compromisos, pero al nivel de su cuota.  «