Pruebas PISA, el hermano mayor del Operativo Aprender

La polémica Evaluación Nacional Aprender 2016 impulsada por el ministerio de Educación en octubre de este año replicó el modelo impuesto por OCDE para las pruebas PISA: exámenes estándar, que no efectúan salvedades regionales ni contextuales, que no miden la inclusión educativa e ignoran las diferencias sociales, culturales y económicas de estudiantes, docentes y escuelas del país.

Por la esencia de la organización que los produce, del mismo estilo del FMI, los exámenes PISA son estándar para todos los países que acepten participar. Lo mismo ocurrió con los exámenes múltiple choice del Aprender 2016, en los que los docentes cumplieron la función de meros “ejecutores” de preguntas cerradas. En América Latina, Chile y Perú suelen ser vanguardia en estas pruebas, aunque tienen varios puntos porcentuales menos que la Argentina en cuanto a inclusión de alumnos dentro del sistema público. Así lo definió Eduardo López, secretario de UTE-CTERA: “Es como que quieras medir la mortalidad infantil sólo con los chicos que tienen prepaga». Además de analizar una población acotada, las PISA tampoco tienen en cuenta si cada país se rige por una educación federal, donde las decisiones finales corresponden a los gobiernos provinciales, o si la desarrolla el Estado Nacional.

Precisamente la OCDE sugiere exámenes múltiple choice estándarizados como los efectuados en el Aprender 2016, algo que ya se hizo en países como Chile y México. La Asociación Gremial Docente de la UBA denunció que detrás de estos exámenes estandarizados está la multinacional Pearson PLC (la misma que ideó las pruebas PISA), una firma inglesa que en 2013 “enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales educativos para estudiantes y diseñar a la vez sus exámenes”, apuntaron. La Argentina pagó para comprar estas pruebas del Operativo Aprender. Desde el Ministerio no respondieron a ese diario acerca de cuánto costaron las pruebas.

Un modelo regional

La inclusión de la Argentina en la OCDE es apoyada por gobiernos liberales de la región. Fue el caso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que en su visita al país apoyó la iniciativa de Mauricio Macri y celebró la “visión común del mundo” con su par argentino. El 22 de agosto de este año, el diario La Nación publicó un artículo donde se afirma que el gobierno ponía en marcha “21 proyectos para el ingreso en la OCDE”. Entre ellos, la lucha por la transparencia, las estadísticas alineadas a estándares internacionales, la exteriorización de activos en materia fisca, y la evaluación de distintas agencias calificadoras de cara a inversiones extranjeras. En la Secretaría de Comercio, Miguel Braun trabaja en una nueva ley de defensa de la competencia “para adecuar la legislación local a las normas de los países más desarrollados”, subraya la nota de La Nación. No sólo eso: la OCDE también evaluará en el país las áreas de Agricultura y de Ciencia y Tecnología. En todos los casos sugieren que disminuya la presencia del Estado.

La pedagoga y ex diputada nacional, Adriana Puiggrós, agregó en una opinión publicada en Página/12, que el director de la prueba Pisa Andreas Schleicher, dejó traslucir encuentros previos con autoridades de Educación de Cambiemos para pautar cómo y qué datos publicar (o no publicar), de las pruebas PISA.

Luces y sombras en Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires sí fue aceptada para participar en las pruebas PISA. Y sus números resultaron llamativamente mejores que la media de la Región. Los alumnos porteños quedaron en el puesto 38, por arriba del resto de los países latinoamericanos. Aunque apenas días atrás, otra prueba internacional estandarizada, la Timss, colocó a la Ciudad en el puesto 46 entre 55 ciudades. De nuevo yace la lupa sobre la posible negociación entre Bullrich y la OCDE. Regido por esta idea de que “no importa quiénes queden afuera del aula, los que estén adentro deben rendir bien”, el Ejecutivo porteño formó a los chicos de las escuelas elegidas para las pruebas PISA. Algo que está prohibido.