Pueblada en Chaco por la desaparición un joven wichí de 17 años: piedras, molotovs y represión

Remera mangas cortas de color rosa, un jean gris largo, una gorra y zapatillas negras. Así vestía Salustiano Giménez, adolescente wichí de 17 años, la última vez que fue visto en la localidad de Nueva Pompeya, provincia de Chaco. La última persona que lo miró a los ojos fue su hermana, Laura Giménez. En su idioma, con la mirada devastada, cuenta a la prensa local que un hombre criollo, en un auto gris y armado con una escopeta los amenazó y luego se fue. Ese día Salustiano desapareció. Hicieron falta un corte de ruta de 8 días, una pueblada que destruyó la comisaría y la fiscalía del pueblo y la militarización de Nueva Pompeya con más de 400 efectivos, para que el Estado chaqueño comenzara a buscarlo, 20 días después.

Un acta sin compromiso oficial

“Estuvimos el 12 (de febrero) cuando hace la denuncia en la policía el padre de Salustiano. Él informó la desaparición y pasaron tres o cuatro días y no hubo nada. La policía preguntó en varias casas del pueblo y no se lo buscó más al muchacho. Acá vas a la comisaría y te mandan a la fiscalía, te dan vueltas. Como la comunidad wichí no domina el castellano, se dificulta más hacer contactos”, cuenta desde Nueva Pompeya, Jorge Gómez, miembro de la comunidad wichí.

“Nosotros tenemos conocimiento que cuando una persona desaparece hay un protocolo de 48 a 72 horas, un período donde se la da como desaparecida y se tiene que activar el protocolo local, provincial y hasta nacional si es posible para que todos los organismos empiecen a buscar porque si dejás pasar mucho tiempo pierdes el rastro, el olor o la huella que haya quedado. Aquí vino el operativo de búsqueda nacional y provincial recién ayer y el muchacho se perdió el 12 de febrero”, acotó.

Ante la inacción en la búsqueda del adolescente, la comunidad se reunió en asamblea y resolvió una medida de fuerza: un corte de ruta total de todos los accesos hasta que las instituciones comenzaran a buscar a Salustiano. “El corte de ruta duró 8 días y fue total. El pueblo comenzó a quedarse sin combustible y sin mercadería, los comerciantes se empezaron a enojar y a insultarnos ‘son indios, matacos’, eso duele mucho a los hermanos, se empezó a sentir la tensión desde abajo”, cuenta Gómez.

A pedido de los vecinos, se conformó una mesa de negociación y después de una reunión de siete horas, el 2 de marzo lograron firmar un acta acuerdo en el edificio del Juzgado Multifueros del pueblo. El texto del acta -al que Tiempo accedió de forma exclusiva- está firmado por representantes de la comunidad wichí, la ministra provincial Gloria Zalazar (Justicia y Seguridad) y Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humamos y Géneros.

Allí la provincia de Chaco se comprometía a gestionar y hacer seguimiento del Sistema de Búsqueda Federal en articulación con referentes de la comunidad que daría inicio el 6 de marzo. También a iniciar los sumarios correspondientes por las demoras en tomar las denuncias a los familiares de Salustiano así como pedir la intervención del fuero federal ante posible delito de trata de personas y del Comité de Prevención de la Tortura por denuncias de abusos y violencias institucionales llevadas a la mesa por la comunidad.

“Lo que ahí pedimos es que viniera un operativo que funcione y que coordine con los hermanos que conocen el lugar y se habiliten los accesos a los lugares que están prohibidos (propiedades privadas), pedimos que se lo busque a Salustiano con la tecnología necesaria, con el servicio de inteligencia necesario, con los perros que hagan falta para que se lo encuentre”, dice Gómez.

Por parte de los wichí, el compromiso era liberar parcialmente la calzada de ingreso a la localidad en la medida en que los puntos del acuerdo se cumplieran.

El 5 de marzo, la comunidad wichí levantó por completo la medida de fuerza y esperó que durante la mañana del 6 de marzo llegara el dispositivo federal de búsqueda. El estado chaqueño incumplió su promesa.

Una pueblada de furia

“Esperamos a la mañana y no apareció nadie. Nosotros cumplimos, levantamos esa medida. La comunidad se empieza a enfurecer porque el gobierno nos miente y se llega a un límite en que los hermanos comienzan a hacer justicia por mano propia que es lo único que queda. Se fue de las manos la situación”, explica Gómez.

Las tensiones en el pueblo eran tangibles, previo a que se desatara la pueblada, Gómez cuenta que se produjo la detención, sin motivo, de dos menores de edad wichí que estaban en la plaza. “Entonces uno de los líderes de la comunidad, Mario Ledesma, va a la comisaría a preguntar por ellos y a pedir que los suelten. Lo engañan, lo llevan a la puerta del calabozo y lo encierran ahí alrededor de las 9 de la mañana”, cuenta. La comunidad, congregada en la ruta, decide liberar a Ledesma y se desata la furia.

“Los hermanos se organizan rápido, la balacera y todo el tiroteo duró 6 horas, fue muy largo y muy triste”, dice.

La pueblada arremetió con piedras, machetes y molotovs contra la comisaría, el juzgado y el municipio. La represión policial fue con golpes, balas de plomo y gases lacrimógenos. La comunidad wichí reportó más de 30 heridos y además, denunció que la directora del hospital no quiso atenderlos. “Tenemos dos heridos más graves que recibieron balas de plomo de rifle, un muchacho que se tropezó cuando salía corriendo, y le tiraron de cerca en la pierna, la directora del hospital no nos quería mandar la ambulancia, nos ayudaron otras personas voluntarias con donaciones de gaza y alcohol”, contó.

Las seis horas de furia dejaron en vilo a Nueva Pompeya, más mil personas de la comunidad, la mayoría mujeres y niños, estuvieron hasta la madrugada del domingo en las inmediaciones en un clima de tensión, a 100 metros de la policía, esperando saber el destino de los detenidos. “La ministra Zalazar vino a eso de las 9 de la noche y llegamos a un nuevo acuerdo. Se le pidió nuevamente que baje el operativo de búsqueda, fue justo porque ya se estaba pudriendo la cosa porque había comerciantes que tenían machetes y estaban del lado de la policía, dispuestos a actuar”, afirma.

Los 22 detenidos fueron trasladados a otras dependencias ya que las instalaciones de Nueva Pompeya, tras el estallido social, quedaron sin funcionamiento. En estas horas se espera que todos sean liberados aunque deberán enfrentar las causas penales que les fueron iniciadas.

La respuesta del gobierno provincial fue militarizar Nueva Pompeya: más de 400 efectivos recorren ahora mismo sus calles, al menos 10 camionetas y 30 patrulleros policiales además de 10 vehículos de la Gendarmería nacional. Un pueblo de tan solo 10 mil habitantes, de los cuales el 50% es wichí.

¿Dónde está Salustiano?

Ese hombre criollo que vio la hermana de Salustiano –de apellido Romero– es un carnicero que ya era conocido en el pueblo por tener problemas de adicciones, haber participado en hechos violentos y tener antecedentes delictivos. Fue reconocido por ella y otro testigo y se encuentra detenido, a la espera de los resultados de la investigación.

Lo que se sabe es que su vehículo y celular fueron secuestrados y se encuentran pendientes de una pericia. “Salió el gobernador (Jorge Capitanich) a decir que la causa es por homicidio pero la causa está en investigación. ¿Como puede saberlo él si nuestra abogada que está en la causa no tiene esos datos?”, se pregunta Gómez.

Con motivo del estallido social fue apartado como fiscal de la causa Francisco Morales Bordón. Según denuncia la comunidad wichí, se trata del mismo fiscal que actuó en las causas por el femicidio impune de la activista feminista wichí Dominga Arias, el femicidio impune de Jorgelina Reynoso (el agresor fue liberado al mes) y de un gran número de causas judiciales por accidentes o lesiones en perjuicio de la comunidad que nunca fueron investigados. Gómez recordó también que aún permanece desaparecido desde 2020 Hernán Andrade, miembro de la comunidad wichí que se perdió durante una gran tormenta en una localidad cercana.

Mientras tanto, el 6 de marzo -21 días después de la desaparición del adolescente- dio comienzo el dispositivo federal de búsqueda, aunque se vio interrumpido de forma temporal por una fuerte tormenta durante el 7 de marzo. La familia de Salustiano aún espera.