¿Puerto Rico cambia para que nada cambie?

Ricky Martin, convertido en sorpresivo referente político, logró torcerle el brazo al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, que trató hasta el último minuto de aferrarse al cargo a pesar de las multitudes que poblaron las calles de la isla luego de la difusión de chats denigrantes contra sus opositores y la comunidad LGBT. Y de pronto ese país, que tiene una asociación particular con EE UU, mostró cuáles son las raíces que lo colocan más cerca de América Latina que del norte anglosajón.  

Roselló tuvo que renunciar no sólo por usar un lenguaje ofensivo hacia miembros de la sociedad en mensajes de Telegram con sus allegados en la administración del gobierno. El crecimiento explosivo de la deuda externa de Puerto Rico y las denuncias por corrupción y los escándalos con desvío de fondos destinados a reparar los daños producidos por el huracán María, en 2017, ya venían caldeando los ánimos. La estocada final la dieron Martin y los músicos Daddy Yankee, Bad Bunny y René Pérez, de Calle 13, y el actor Benicio del Toro

¿Qué cambiará con la renuncia de Roselló? Para el activista independentista Luis Fidel Escalante Silvestre, «no se espera demasiado bajo el sistema colonial» que impera en la isla. En todo caso, es un golpe muy fuerte contra el  Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder. Se trata de una agrupación que aspira a la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de la Unión. «Retirar con una marcha popular al gobierno no es un logro menor», reconoce a Tiempo.

Escalante, agricultor en la zona central de la isla, considera que para completar totalmente este giro en la conducción del país, debería poder nominarse a otra persona en la sucesión y no  la que corresponde por ley,  la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien tiene denuncias por encubrimiento de hechos de corrupción.

Pero fundamentalmente  lo que resulta imprescindible, según Escalante, es terminar con la Junta de Control Fiscal. Se trata de un organismo creado en tiempos de Barack Obama para gestionar los recursos públicos de manera de pagar la deuda con los bonistas.

«La JCF vigila todas las decisiones del gobierno y actúa imponiendo medidas de austeridad y autorizando privatizaciones para asegurar los pagos», recuerda el dirigente político. La deuda supera los 70 mil millones de dólares, algo así como el 103% del PBI. Entre las empresas privatizadas está la de energía eléctrica.

Como están las cosas, la JCF ejerce una férrea intervención de todos los estamentos de la gestión pública. Si no hay forma de cambiar esto, de nada serviría un cambio de gobernador porque cualquiera que quede en su lugar seguirá las reglas dictadas desde Washington. Lo que para los independentistas es una señal alentadora, y que el anticolonialismo no suele superar el 5% de los votos. Pero la situación es claramente diferente desde que la población le tomó el gusto a las calles para reclamar derechos o mostrar desacuerdos. «