Punitivismo electoral, una estrategia para esquivar la agenda económico-social

«El que las hace las paga», tuiteó este lunes al mediodía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras haber detenido a un condenado de abuso sexual prófugo. La propaganda punitivista que se enmarca en la seguidilla de propuestas en materia de seguridad –la baja en la edad de imputabilidad, la deportación de extranjeros, entre otras- es analizada por analistas políticos como el eje proselitista que más explotará Cambiemos en el inicio del año electoral.

Más allá de que haya o no resultados concretos para la población en el combate al delito, los encuestadores coinciden en que el discurso de mano dura es una herramienta para desplazar de la agenda a los problemas económicos.

Primero fue el «protocolo Chocobar», el nuevo reglamento que habilita a las fuerzas federales a usar armas letales sin necesidad de dar voz de alto. Le siguió el anuncio de la compra de pistolas Taser que descargan electricidad al contacto con las personas. Y en las últimas horas, el Gobierno reflotó la iniciativa legislativa de bajar la edad de imputabilidad y volvió a hacer blanco sobre los extranjeros.

Los analistas coinciden en que no hace falta que las medidas sean efectivas a la hora de reducir los índices delictivos, sino que es suficiente –en términos electorales- con que el Gobierno sostenga el discurso de mano dura. «No es que les esté dando resultados en términos fácticos o no, sino que les da resultados en la centralidad de la agenda, que es emocional y no tiene que ver con resultados. Nadie cree que se haya reducido la inseguridad, pero le valoran el discurso. No hay ningún focus group que diga que estamos mejor, sino que se premia el discurso sin importar los resultados. Todas las propuestas polémicas aseguran centralidad en la agenda, y desplazan la agenda económica», asegura el sociólogo Ignacio Ramírez.

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En diálogo con Tiempo, el director del posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de Flacso Argentina agregó: «Se da la paradoja de que la preocupación por la inseguridad, que siempre perjudicó al gobierno de turno por la responsabilidad que la ciudadanía le atribuye, ahora no se da así. Es el mismo Gobierno el que a través de estas medidas le da centralidad», agregó.

Ricardo Rouvier, encuestador y director de la consultora Ricardo Rouvier & Asociados, analizó los tiempos de la táctica del oficialismo. «Desde la corrida cambiaria el gobierno adoptó una posición más acorde con su íntimo pensamiento», puntualizó.

Y agregó: «Antes, con el gradualismo, había una especie de hipocresía o temor. Ahora son más auténticos y coherentes con su ideología. Este año vamos a ver un festival de comunicación con narcotraficantes en el piso esposados con la droga al lado, acciones duras de la Policía y todas las fuerzas de seguridad como Gendarmería. Va ser parte de la campaña electoral. El gobierno no puede mostrar que el precio de la carne bajó o que los ingresos de la gente subieron. Hay un voto resignado, son votos para que luchen contra los ‘chorros'».

En ese sentido, Ramírez definió: «Si no hay progreso, que haya orden». «Las credenciales económicas, arquitectura de la marca Cambiemos que incluía gerenciamiento y eficiencia como sinónimo del sector privado, se desarmaron ante el fracaso económico. Para reformular el contenido de la marca es necesario acelerar el desplazamiento ideológico hacia la derecha”.

Y subrayó: “Bullrich y su agenda tienen mucho protagonismo a la hora de explicar el vínculo de Cambiemos con el que electorado que respalda al gobierno a pesar del fracaso económico. A ese electorado el Gobierno le está satisfaciendo una parte de sus demandas y sus pulsiones ideológicas. No alcanza con el anti kirchnerismo», sentenció.

Ramírez sostuvo que el discurso punitivista «al gobierno le está funcionando muy bien, desde la perspectiva de la opinión pública”. Y agregó: “Lo veo eficaz para el gobierno, que no cumplió, sabe que no va a cumplir con las expectativas materiales y se dedica a cumplir y revolver las pulsiones ideológicas de su electorado más de derecha, que le asegura el piso electoral con el que entra a un balotaje».

Una encuesta de Management & Fit –sobre una muestra de mil casos en el AMBA- reveló en diciembre pasado que, si bien el protocolo «Chocobar» es aceptado, también existe una amplia sospecha en la población sobre su utilización proselitista.  

La consultora que dirige Mariel Fornoni reveló que casi el 60 por ciento de los consultados está «muy de acuerdo» (37,4%) o «algo de acuerdo» (21,8%) con que las fuerzas de seguridad puedan disparar sin dar la voz de alto o sin que el delincuente dispare antes. En tanto, casi el 40 por ciento se opone, ya que los que están «algo en desacuerdo» suman un 9,9% y los que están «muy en desacuerdo» son un 29,7% de los encuestados. Esta consultora también reveló que hay una amplia mayoría (61,9%) que considera que el Gobierno busca rédito electoral, contra el 38,1% no lo considera así.