El espacio Producción y Trabajo, que integran sindicatos, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, respaldó hoy la decisión del Gobierno nacional de suspender de forma temporaria la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz y repudió la convocatoria de tres entidades agrarias a un paro de 48 horas.
El Gobierno determinó la medida para las exportaciones de maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo próximo, cuando comenzará de manera formal la nueva campaña 2020/21 del cereal, por lo que la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales decidieron no comercializar granos desde el lunes por dos días.
El espacio Producción y Trabajo es integrado por la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, que lidera entre otros dirigentes Héctor Amichetti, Sergio Palazzo y Walter Correa; la CTA que conducen Hugo Yasky y Roberto Baradel; la Mesa Unidad Pyme (Juan Ciolli); la Apyme (Eduardo Fernández); la CGE (Marcelo Fernández); sectores agrarios (Pedro Peretti) y el Frente Productivo (Daniel Moreira).
«La decisión oficial procura asegurar el abastecimiento del cereal a costos más bajos para los sectores que lo utilizan como materia prima en la producción de carne de cerdo, pollo, huevos, leche, feedlot y molinería», indicó un documento difundido por este sector. Para los dirigentes, la reacción de los representantes de la Mesa de Enlace fue «desmedida», luego de llamar al cese de la comercialización desde el lunes próximo.
El espacio explicó que la suspensión de exportaciones solo alcanza al 10 por ciento de la cosecha 2019/20, por lo que rechazó «los argumentos de la Mesa de Enlace en el contexto de cosechas récord de maíz (50 millones de toneladas en 2019/20 y una cifra similar esperada para 2020/21) y de precios también récord en los mercados».
«Aferrada (la Mesa de Enlace) al dogma del libre mercado, plantea un daño irreparable a la confianza de los productores. Señala que el mercado de maíz puede desde ahora ser intervenido y expresa su preocupación por no haber sido consultada, por lo que agita el fantasma del intervencionismo del Estado», sostuvieron los dirigentes en el documento de rechazo.
También recordaron que entre 2015 y 2019 «se expandió el hambre y la pobreza y la imposibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos», y afirmaron que la Mesa de Enlace reivindica ese período, pero «no se hace cargo de la pasividad del Estado durante esa gestión y las pérdidas soportadas por millones de argentinos en todo sentido».
«El desabastecimiento y los sobreprecios exigidos para la provisión local evidencia maniobras especulativas y operaciones ilegales de exportaciones y cambiarias, que deben ser investigadas. El debate histórico es otra vez cuáles son las prioridades y la asignación económica y social de los beneficios y la renta diferencial para el país», añadieron.
Por último, el espacio aseguró que «no es casual, como no lo fue en 2008, que esa polémica se reabra en un momento de elevados precios internacionales», y concluyó que «el dilema en juego es el de un país para pocos o de producción y trabajo para todos».
