Las firmas, que dan el 70% del empleo local temen que la iniciativa favorezca a las grandes empresas en detrimento de sus producciones.
Salvo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que elogió el proyecto, prácticamente todas las entidades restantes plantearon advertencias de cara al tratamiento legislativo.
En principio, la norma apunta a establecer una prioridad en las compras públicas en la compra de productos, piezas o partes nacionales, pero cámaras como Cgera anunciaron que presentarán «un proyecto superador, con valores similares a otros países del mundo», informaron.
El titular de Cgera, Ariel Aguilar, aseguró que el proyecto oficial «plantea un margen de preferencia de hasta el 25% para empresas nacionales, como ocurre en otros países como Brasil o Perú; o como en el caso de Israel en donde el piso para el nivel de preferencia de las compras públicas es del 15%».
La Cámara Industrial de Marroquinería y Afines (CIMA) pidió que el margen de integración local sea del 40% cuando una empresa extranjera gane una licitación. El proyecto del gobierno plantea un 20% para productos argentinos. También tuvieron posiciones demandantes las cámaras pyme Ceen, Camima y Cappitel, todas vinculadas a la industria de transformación y metalmecánica.
También tuvieron posiciones demandantes las cámaras pyme Ceen, Camima y Cappitel, todas vinculadas a la industria de transformación y metalmecánica.
La CAME destacó que con la propuesta del gobierno «se potenciará a la industria y se desarrollarán capacidades competitivas en sectores estratégicos como el ferroviario, la energía y los relacionados a la media y alta tecnología». Oscar Gentili, de la CGE, reclamó que «las ventajas que otorgue el Estado a través de las modificaciones a la ley deben tener una duración determinada y ser retiradas paulatinamente para impulsar a las pymes a mejorar su competitividad y la calidad de producción».
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