Qué hay detrás de los cambios en el ministerio de Seguridad que dispuso Bullrich

Cuatro meses después de ascender a los prefectos sospechados por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich concretó una serie de cambios en el equipo de funcionarios que intervino en el caso y también el que indaga sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Con el aval del presidente Mauricio Macri, la funcionaria ascendió al abogado Pablo Noceti de la jefatura de Gabinete del ministerio a la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, un lugar que ocupará hasta fin de mes el renunciante Gonzalo Cané, que declinó el cargo «por razones personales», y regresará a la secretaría letrada que posee en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su salida, que podría estar vinculada a problemas judiciales en su contra por el caso Maldonado, desató una serie de reemplazos alrededor de la ministra Bullrich.

El ascenso de Noceti al frente del lugar que dejará Cané es parte de un segundo enroque, protagonizado por Gerardo Milman. El ex lilito y ex miembro del GEN dejará la secretaría de Gestión Federal de la Seguridad y reemplazará a Noceti en la jefatura de Gabinete de la cartera que conduce Bullrich. La movida se concreta con el nombramiento del mendocino Enrique Thomas en el lugar de Millman. Se trata de un ex massista que fue el segundo de Cané, es decir, subsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales.

Toda la danza de nombres no rozó al secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, que mantiene una distante relación con Bullrich, aunque se trata del virtual viceministerio del área que tiene, en los papeles, el vínculo orgánico con los jefes de Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería.

Fuentes de Cambiemos reconocieron a Tiempo que el rol de Burzaco es limitado, especialmente por el elenco de nombres que ahora fueron ascendidos y reemplazados, pero que forman parte del grupo de colaboradores que duplicó funciones en torno a Burzaco y le permitió a la ministra contar con «colaboradores de confianza» para intervenir en la relación con las cuatro fuerzas federales, y en asuntos que fueron claves para su gestión, como la desaparición y muerte de Maldonado, el 1 de agosto de 2017 en el río Chubut, dentro de la localidad de Cushamen; y el asesinato de Nahuel el 25 de noviembre pasado en Villa Mascardi, Bariloche.

Según reconstruyó Tiempo con fuentes judiciales de la Patagonia, Noceti es reconocido dentro del fuero federal y provincial penal como uno de los funcionarios que se encargaba de insistirle a los magistrados sobre la necesidad de que actuaran con firmeza ante casos de flagrancia, especialmente con conflictos por ocupación de tierras protagonizados por comunidades mapuches. El mapa de casos que contó con la atención de Noceti está dentro del «Informe RAM», presentado en diciembre pasado, con el aporte de información provista por Seguridad y «los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut» que recopila un centenar de expedientes judiciales para demostrar la existencia de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En el caso de Cané, su intervención se concentró en las dos investigaciones sobre Maldonado y Nahuel, pero bajo la coordinación de Noceti. Ambos funcionarios, por su intervención en el territorio, mantuvieron una estrecha relación orgánica con los jefes de las fuerzas de seguridad federales que tienen presencia en las provincias patagónicas.

Con esa ubicación dentro del organigrama de Seguridad, tanto Noceti como Cané (y Thomas) mantuvieron y administraron el vínculo de ese ministerio con jueces, fiscales y legisladores, al tiempo que se los pudo ver en contacto cotidiano con los uniformados que luego serian acusados por ocultamiento de pruebas en el caso Maldonado. Algo parecido sucede en el caso Nahuel, a partir del testimonio del jefe de la Prefectura Bariloche, Leandro Ruata. El papel que juega el uniformado fue certeramente reflejado por el medio barilochense En Estos Días, donde el periodista Santiago Rey recordó que «no es la primera vez que Ruata deja ante los tribunales testimonios que abonan las líneas centrales de las políticas de seguridad del Gobierno nacional. Ya sucedió en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado» y luego ocurrió cuando sostuvo la versión de un enfrentamiento frente al lago Mascardi, algo que no pudieron demostrar los 15 miembros del Grupo Albatros de Prefectura que testificaron.

En el caso Maldonado, recordó Rey, «el Jefe de la Prefectura de Bariloche fue quien el 3 de octubre de 2017 solicitó al Juez Gustavo Lleral realizar un nuevo rastrillaje por una zona ya recorrida del río Chubut, en la comunidad Cushamen. El pedido, efectuado en el marco de su testimonial, según el expediente por la muerte de Santiago Maldonado, fue tomado en cuenta por Lleral, quien diez días después, el 13 de octubre, anticipó a las partes que el 17 del mismo mes volvería a la comunidad mapuche para realizar un nuevo rastrillaje. A pesar que ese lugar ya había sido rastrillado, que no existían pozones en la zona, y que el río Chubut no tenía en el lugar una profundidad mayor a 1,5 metros, la precisión del dato aportado por Ruata fue determinante para que el cuerpo de Santiago fuera hayado».

La pieza que movió el tablero de ascensos fue la renuncia «por motivos personales» de Cané, el mismo que participó de uno de los allanamientos a la Pu Lof en Cushamen y que pidió al juez Otranto investigar la hipótesis del «puestero de Epuyén», a partir de versiones periodísticas del portal Infobae y del diario Clarín que hablaban de un presunto ataque al puestero que habría sido herido de gravedad. Todo fue descartado poco tiempo después.

Dentro del Gobierno especulan con posibles «problemas judiciales» para Cané en el caso Maldonado, especialmente a partir de las acusaciones de la familia de la víctima por presunto encubrimiento.

«Los nuevos nombramientos responden a una planificación integral con el objeto de optimizar el trabajo en equipo», informó la cartera de Seguridad, que también confirmó el nuevo destino de Milman.

Dentro del área de Cané también salió el director de Articulación con el Poder Judicial, Diego Nazareno, hijo del expresidente de la Corte Suprema entre 1993 y 2003, Julio Nazareno. El funcionario estaba bajo la órbita del subsecretario de Articulación Judicial Guillermo Soares Gache, la única subsecretaría que le quedó a Cané luego de la reducción de cargos jerárquicos que dispuso Macri a principios de año. En esa redada de puestos habría caído el mendocino Thomas, que ahora regresa al elenco de funcionarios de Bullrich.