Qué rechazó la jueza Preska en el caso de YPF

A diferencia de lo señalado por diversos portavoces del gobierno nacional, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó un pedido de la Argentina de prórroga del plazo para presentar garantías de pago y evitar embargos de parte del fondo buitre Burford. Es decir, sigue vigente el plazo para que la Argentina pueda apelar la sentencia de la propia Preska en contra del país, que vence el 23 de enero de 2024.

En septiembre, Preska falló en contra de la Argentina y a favor de los demandantes, encabezados por Burford. En su sentencia, la jueza aceptó la cifra que el fondo legal y buitre calculó como indemnización: U$S 16.100 millones.

La Argentina tiene derecho a apelar la decisión de Preska vía sus abogados, el estudio Sullivan & Cromwell. El tema es que antes de la apelación debe entregar las garantías, cuyo valor debe ser semejante al establecido en la sentencia. Las garantías se ejecutarían si la Argentina pierde la apelación.

Los representantes legales de Argentina habían pedido que se postergara por 90 días el plazo que dispone el país para depositar esa garantía y evitar embargos. También solicitaron que Preska aceptara posponer 30 días la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio.

Con su rechazo, Preska ratificó que el plazo para depositar las garantías vence el próximo 10 de enero. Si el país no lo hace, quedará sujeto a la posibilidad de embargos, aunque en medios especializados se asegura que es muy difícil que eso suceda por las restricciones que impone la legislación de EE UU a los embargos de bienes soberanos.

De cualquier manera, las garantías deben ser entregadas si la Argentina pretende apelar el fallo de Preska.

Existe un problema con la apelación: Preska, en marzo pasado, eximió a YPF de las responsabilidades del caso, con lo que la sentencia de septiembre sólo recayó en el Estado argentino. Al apelar, la Argentina pone en discusión incluso esa decisión, por lo que el tribunal de alzada podría determinar que YPF también es responsable de la indemnización.

Antecedentes

Burford Capital adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen, que se basan en el estatuto de YPF, el cual obligaba al Estado a hacer una oferta por todas las acciones en manos del sector privado cuando expropió con pago las correspondientes a Repsol, en 2012.

En su sentencia de septiembre, Preska ordenó que Petersen (es decir, Burford) reciba U$S 14.385,4 millones (exactamente U$S 14.385.449.737) de los cuales U$S 7.533,2 millones corresponden a daños y U$S 6.852,1 millones al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.

También ordenó que el Estado argentino le pague a Eton Park, el segundo demandante, U$S 1.714,3 millones (exactamente U$S 1.714.338.556) de los que U$S 897,7 millones corresponde a daños y U$S 816,5 millones por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.

Además, dispuso que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.

Preska desestimó todos los demás reclamos de los demandantes contra la República Argentina, incluidos los vinculados con incumplimiento anticipado, incumplimiento del deber de buena fe y trato justo e impedimento promisorio, así como todos los reclamos contra YPF. «