“¿Qué va a hacer Alberto?”

“¿Qué va a hacer Alberto?” Es la pregunta del momento. La formulan dirigentes, periodistas, políticos, economistas, banqueros, funcionarios nacionales y extranjeros, y la ciudadanía en general. Todos los que tengan algún interés -positivo o malsano- por el futuro de la Argentina, auscultan las palabras del candidato del Frente de Todos con la esperanza de desentrañar el programa de gobierno que viene. Pero Alberto Fernández aún está en modo candidato, de manera que sus palabras buscan seducir más que traslucir un plan preciso de gestión.

En tiempos de pirotecnia proselitista es usual que los candidatos escondan más de lo que muestran. Y prometer más de lo que se está dispuesto a cumplir. Por supuesto, es conveniente hacerlo con moderación, para evitar que la decepción por las promesas incumplidas se convierta en un búmeran de ira y frustración. Es lo que le ocurre a Mauricio Macri, que batió récords en engaños de campaña. 

Atento a los antecedentes de su rival, Alberto F. ejecuta la estrategia opuesta: casi no formula promesas. El candidato con más chances de ser presidente entendió que la traumática experiencia macrista devaluó la palabra tanto o más que el peso, de modo que se dedicó a vender nociones generales como “orden”, “reconstrucción”, “convivencia” y “pacto social”. No lo hizo sólo con palabras. Esta semana, por caso, gestó una foto con tres posibles participantes de esa eventual Moncloa económica criolla: el empresario Miguel Acevedo (UIA), el sindicalista Héctor Daer (CGT) y el gobernador Juan Manzur, en representación de los mandatarios provinciales.

Una de las pocas precisiones que pronunció Fernández definió un lapso temporal. “Hay que ponernos de acuerdo para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación”, dijo. Con el “qué” planteado, el desafío es el “cómo”. ¿De qué modo logrará el futuro gobierno convencer a las empresas para que cedan renta en favor del poder adquisitivo de los salarios? ¿Acaso los asalariados deberán ceder derechos laborales a cambio de recomponer sus ingresos? ¿Los formadores de precios aceptarán pesificar su tasa de retorno con un dólar “recontra alto”? ¿Los agroexportadores aceptarán que se apliquen mecanismos -como las retenciones- que desacoplen el precio internacional de los alimentos con el de la góndola? ¿Las energéticas aceptarán disminuir las exorbitantes tasas de ganancias que obtuvieron con la dolarización de las tarifas para impulsar el consumo y la producción? ¿Se le exigirá un esfuerzo adicional a los sectores populares arrasados por salarios magros, desempleo creciente y la pobreza que alcanza a un tercio de la población?

La disputa por la -inequitativa- distribución de los ingresos está en la base del subdesarrollo nacional. En el pasado se intentaron “pactos” para corregir por la vía del “acuerdo” lo que sólo el Estado está en capacidad de arbitrar: que el producto del esfuerzo y el suelo argentino priorice la erradicación del hambre, elimine la pobreza y asegure la igualdad de posibilidades, garantizando el acceso universal a la salud y a la educación de calidad. ¿Es posible pactar un cambio de paradigma tan drástico con los beneficiarios de modelos que potenciaron el hambre y la desigualdad?

A partir de diciembre se sabrá.