¿Quién controla los datos en la web?

El Big Data llegó hace rato y quienes tienen las herramientas para manejar los grandes volúmenes de información sacan ventaja. Así lo probaron los resultados de las últimas elecciones de EE UU y el Reino Unido, que abrieron el debate acerca de la posverdad, las realidades virtuales y el consumo de noticias. Aunque estos eventos ya tengan más de un año y no tengan vinculación directa con los temas en discusión, sus consecuencias aún se hacen sentir. 

En noviembre Donald Trump amenazó con modificar la ley estadounidense que garantiza la neutralidad de la red (tratamiento igualitario de los datos que circulan por Internet) y Google aseguró que iba a cambiar el algoritmo de su buscador para perjudicar a Russia Today y la agencia de noticias Sputnik por considerar que habían distorsionado información en el marco de los comicios. 

Pero el conflicto por los datos es muy anterior a las últimas sorpresas electorales y excede los problemas habituales de la OMC entre países desarrollados con ventajas sobre los que están en desarrollo. La especialista en temas informáticos Evelin Heidel plantea que «las empresas de base tecnológica buscan consolidar sus prácticas de autorregulación y flexibilizar a nivel mundial las leyes de protección de datos personales, para ello necesitan presentarlas como medidas que obstaculizan el comercio». 

En esa búsqueda, el socio principal de los gigantes virtuales (Facebook, Google, Amazon y FedEx, entre otros) es EE UU, un país donde prácticamente no hay protección alguna a los datos personales. Algo que contrasta con la Unión Europea, que tiene uno de los estándares más elevados en materia de protección.

Primero apostaron al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (más conocido como TPP por sus siglas en inglés), en el que se buscaba que los miembros no impongan restricciones al flujo transfronterizo, la localización de datos u otras barreras al comercio digital. Las negociaciones no estaban sencillas, pero igualmente Trump decidió que EE UU se retirara del acuerdo y las tecnológicas cambiaron la estrategia. Llegó el turno de la OMC.

Allí los países en desarrollo se pusieron firmes sin necesidad de levantar aún demasiado la voz: la desregulación total «podría significar la prohibición de políticas públicas en beneficio de la seguridad informática de los países y un claro cercenamiento de la soberanía», explica Heidel. En tiempos de Ciber Mondays y Black Fridays que se extienden al resto de la semana, la imposibilidad de cobrar impuestos a las transacciones electrónicas también podría afectar gravemente la economía de los países. 

Susana Malcorra, la excanciller argentina y actual presidenta de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, señaló al comercio electrónico y la economía digital como dos de las áreas en las que concentraría sus esfuerzos para llegar a algún acuerdo. Si bien se trata sólo de una declaración de intenciones, al día de hoy los miembros de la OMC no disponen de mandatos para redactar nuevas normas al respecto y que salga esa definición ya sería un logro para los interesados.

Si bien la posición de los países en desarrollo no es unánime, muchos se resisten porque no ven la misma reciprocidad en avanzar en los temas de su interés (como puede ser la regulación del intercambio agrícola). Pero al margen de las especulaciones políticas, lo que está en juego es demasiado serio como para que quede reducido a una discusión a puertas cerradas.

Un anfitrión que coquetea con las corporaciones

Mauricio Macri aún no había cumplido dos meses en el gobierno cuando promocionó su reunión en Davos con Sheryl Sandberg, responsable de la operación mundial de Facebook. Allí dio a conocer que el Ministerio de Modernización comenzaría a implementar la red social creada por Mark Zuckerberg para las comunicaciones internas. La decisión generó gran revuelo y el gobierno tuvo que salir a aclarar que la información privada de los ciudadanos no estaría comprometida. En julio último un nuevo acuerdo entre el Ministerio que maneja Andrés Ibarra y Amazon generó suspicacias sobre el uso de su Data Center, lo que pondría en riesgo la privacidad de los argentinos. Sin aclaración oficial, el gobierno respondió desde medios afines que eso no sucedería.

En julio de 2016, la Jefatura de Gabinete acordó con la ANSES que usaría su base de datos para mejorar la comunicación del gobierno con los ciudadanos y, en septiembre último, Macri le sumó a la dependencia que dirige Marcos Peña la atribución de cuidar la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Eso generó indignación entre las organizaciones que velan por la privacidad: el Ejecutivo queda como responsable de controlar que el mismo ejecutivo no haga mal uso de sus datos. Para colmo, la Jefatura de Gabinete también cuenta en su estructura con la Secretaría de Comunicación Pública, desde donde salen los mensajes personalizados para promocionar las acciones de gobierno y también las cuestionadas acciones en redes sociales. «