¿Quién cuida los recursos naturales?

La decisión del gobierno nacional de enviar efectivos de la Gendarmería a custodiar las instalaciones petroleras en Vaca Muerta generó más de una polémica. Para empezar, con la dirigencia política de Neuquén. El yacimiento Vaca Muerta comprende cuatro provincias pero la mayoría de sus operaciones está en Neuquén. El gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino, que mantuvo buenas relaciones con Mauricio Macri a lo largo de estos cuatro años, fue el primero en reaccionar, y declaró que la autonomía provincial había sido avasallada y que la medida fue inconsulta. Y acusó a la Rosada de querer tapar con gendarmes la tensión entre la Nación y las provincias petroleras por el congelamiento en dólares del precio del barril, en el marco de la suba del crudo.

También en la Legislatura provincial, el bloque de la oposición peronista-kirchnerista se solidarizó con el gobernador Gutiérrez, y agregó críticas a la «militarización». Los sindicatos petroleros neuquinos y las comunidades mapuches también se manifestaron en contra. Y según lo publicado en algún diario, parecería que tampoco las empresas estarían contentas. La decisión fue tomada un día antes de los ataques contra plantas petroleras en Arabia Saudita, lo que permite sospechar que pudo haber habido un alerta internacional en el marco de la cooperación que existe entre servicios de inteligencia de Argentina y las potencias occidentales.

Pero más allá del caso puntual, hay otra cuestión que esto abre para el futuro. Estamos ante una situación bastante novedosa: la protección física de los recursos naturales en manos de las fuerzas federales de seguridad. En el comunicado de prensa y luego en la Resolución 768 del Ministerio de Seguridad, publicada el 13 de septiembre en el Boletín Oficial, se justifica la medida sosteniendo que Vaca Muerta es un activo estratégico del Estado argentino. La Resolución cita tres leyes: la Ley de Hidrocarburos –que define a los yacimientos como un recurso patrimonial del Estado–, la Ley de Defensa Nacional –que atribuye a la Gendarmería la misión de proteger los objetivos estratégicos del Estado– y la Ley de Gendarmería Nacional –que establece que el Poder Ejecutivo puede desplazar gendarmes para proteger objetivos estratégicos del Estado a cualquier parte del territorio nacional–. Asimismo, la Resolución 768 sostiene que los reservorios de petróleo no convencional son un «interés económico vital» de la Argentina. 

Casi no hay antecedentes. Es cierto que la Gendarmería y la Prefectura custodian y han custodiado otros lugares entendidos como objetivos estratégicos, como plantas nucleares y centrales hidroeléctricas –además, obviamente, de todas las locaciones de frontera–. Pero lo nuevo es considerar la explotación de recursos naturales como un lugar a proteger. Y que la autoridad en la materia pueda ser el Ministerio de Seguridad. El gobierno provincial de Neuquén, que instruyó a su procurador para que solicite a la Corte Suprema la nulidad de la medida, sostiene que la Gendarmería está para «custodiar fronteras» y no pozos petroleros.

Pero había un debate previo. Hace unos cinco años, cuando el kirchnerismo gobernaba la Argentina, el PT hacía lo propio en Brasil, Venezuela era otra cosa y la Unasur aún existía, se discutía en América del Sur la posibilidad de crear una doctrina regional de defensa de los recursos naturales. La misma se daba en el Consejo de Defensa Sudamericano, donde los países de la región buscaban cooperar y coordinar políticas comunes de defensa. La Venezuela de Chávez –por entonces, ya enfermo– venía sosteniendo que sus reservorios petroleros podían ser codiciados por potencias extrarregionales y que las fuerzas armadas debían prepararse para custodiarlos. Brasil, por su parte, desde hacía décadas venía planteando lo mismo en lo que respecta a la protección y defensa del Amazonas. Lo nuevo era presentar la problemática a nivel cooperativo y continental.

Hubo, como sabemos, un cambio político en los dos países más grandes de la extinta Unasur, Venezuela entró en la espiral de su propia crisis, y el debate sobre la doctrina sudamericana de la defensa de los recursos naturales se estancó. Para los nuevos gobiernos conservadores, todo eso sonaba a música de la «década populista». Sin embargo, el tema no deja de reaparecer. La disputa por la producción petrolera en Venezuela, la protección del Amazonas en Brasil y la expectativa económica que la Argentina deposita en la explotación de sus yacimientos de energía no convencional se mantienen constantes a través del tiempo. La Resolución del Ministerio de Seguridad no especifica cuáles serían las amenazas que se ciernen sobre Vaca Muerta pero suponemos a qué se refiere. Lo importante, en el debate a futuro, es que ya tenemos un antecedente concreto. El Estado nacional defiende los recursos naturales y lo hace invocando la aplicación de la Ley de Defensa Nacional.

A futuro, cabe preguntarse si acaso no deben ser las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de estas tareas, si es que se siguen considerando necesarias. Nuestros militares están capacitados para custodiar objetivos estratégicos y disuadir riesgos. Y las fuerzas de seguridad (federales y provinciales) pueden quedar liberadas de esa función, para poder concentrarse en las actividades de prevención y combate del delito. De paso, volver a traer ese debate a la superficie puede servir para volver a pensar, en términos compartidos, el sentido cooperativo de la defensa y la seguridad regional. Algo que, lamentablemente, no hemos sabido encontrar en los últimos años. «