Quién es Celsa Ramírez, la fiscal que responde al aparato macrista en la Ciudad

La clausura a una de las bandejas del estadio de Boca Juniors este domingo, alertó una vez más a las autoridades Xeneizes. Aunque no es una situación única y lejana desde que Juan Román Riquelme desembarcó en la vida política de Boca, el club decidió emitir un comunicado oficial donde expusieron que “resulta extraño que al haberse realizado el partido el día domingo y que, nuevamente por pedido de la Fiscal Celsa Ramírez, la justicia esperó hasta hoy (sábado) para emitir la clausura dejando al Club y sus hinchas sin capacidad de resolución”. En la Ciudad, la fiscal Celsa Ramírez, que hoy integra la Fiscalía de Eventos Masivos, en menos de dos años arremetió en varias ocasiones contra el club de la rivera: en 2021 clausuraron La Bombonera tras la solicitud de Ramírez, por un supuesto «exceso de concurrencia y omisión de recaudos»; en 2022, a pedido de la misma fiscal, sancionaron con una multa de dos millones de pesos al club xeneize por “omisión a la seguridad”, y un supuesto “mal funcionamiento de los molinetes del estadio que generaron demoras y aglomeraciones en el ingreso”; y hace horas, clausuraron la Tribuna Superior Sur de La Bombonera para 4.600 socios. Pero detrás del hostigamiento al principal contrincante de Angelici y Mauricio Macri en la Boca, Celsa Ramírez tiene una agenda de acechos contra trabajadores y trabajadoras de distintos sectores y varios desalojos de familias en altas condiciones de vulnerabilidad. Quienes sufrieron su accionar, afirman que Ramírez es la fiscal más adicta al oficialismo porteño.

Celsa Ramírez fue titular de la Oficina Central Receptora de Denuncias, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.  Ingresó al ministerio público Fiscal en 1999 con el cargo de auxiliar en la Fiscalía de Cámara PCyF. En 2001 se desempeñó en la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas N°9; y en 2004 la promovieron al cargo de Prosecretaria Letrada de Cámara en la Fiscalía de Cámara P.CyF. Pero su crecimiento exponencial se dio de 2007 en adelante: Ese año la designaron como Secretaria de Cámara a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del MPF de la CABA y en 2011, comenzó a Subrogar como Fiscal de 1° Instancia en lo Penal , Contravencional y Faltas. Ya en el 25 de mayo de 2012, fue designada como interina de la función Titular del Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Sudeste, por Germán Garavano, en aquel entonces Fiscal general del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires; y meses más tarde, ascendió como interina de la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal «A»; y más tarde en la función que actualmente ocupa, la Fiscalía Contravencional, Penal y de Faltas N°35.

Varios sectores coinciden que son muchas las acciones que llevó adelante la fiscal Celsa Ramírez, que acompañaron los deseos políticos de quienes gestionan hace  16 años la Ciudad. En 2012 comenzó un hostigamiento contra trabajadores y trabajadoras ambulantes de Caballito, y en el marco de esa causa realizó varios allanamientos, persecuciones y hasta teléfonos intervenidos contra manteros senegaleses. Este hecho provocó el reproche de algunos jueces contravencionales que no respondieron a la totalidad de sus pedidos. La persecución contra este sector se profundizó a lo largo de varios años. En 2021, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura porteño por «ordenar tareas de inteligencia ilegal a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en el marco de la persecución y criminalización sistemática contra trabajadores de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses». El planteo forma parte de un pedido de remoción presentado por el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, que la acusa de impulsar una serie de «irregularidades y situaciones de abuso de poder para el ejercicio de la violencia institucional» coordinados con empresas multinacionales como Nike y Channel (ver recuadro).

En 2016, tapió la mitad del edificio de la ex Padelai y encerró a cientos de personas de las 85 familias que lo habitaban. Un proceso que terminó con el desalojo total en manos de la policía metropolitana, tras la orden de la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tras una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por usurpación. Durante varios meses esas familias deambularon por las calles de buenos Aires, y, el ejecutivo porteño, sólo les ofreció una compensación económica.

En mayo de 2018, los metrodelegados llevaron a cabo diferentes protestas en reclamo de la reapertura de paritarias. En ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad, desalojaron las vías de la Línea H y detuvieron a 16 trabajadores, entre ellos, el delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad». Las medidas de fuerza habían comenzado en abril de ese año tras el acuerdo paritario que firmaron la Unión de Transporte Automotor (UTA), la concesionaria Metrovías y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con un aumento salarial de apenas el 15,2%, en dos tramos. Celsa Ramírez los acusó bajo esa figura legal, por considerar que los trabajadores pertenecían al mismo sindicato.

El hecho más reciente ocurrió en el barrio de La Boca. En mayo de 2022, la multisectorial La Boca denunció «una serie de irregularidades y arbitrariedades» llevadas a cabo durante el desalojo que ordenó Celsa Ramírez,, para desocupar el inmueble del primer piso de Olavarría 1107 y expulsar a las cinco familias que lo habitaban desde hace 15 años. Desde «La Boca Resiste y Propone», que reúne a organizaciones sociales, centros de salud y atención comunitaria (Cesac) y vecinos de la Comuna 4, señalaron que el desalojo ejecutado por la Policía de la Ciudad «incumplió el protocolo del Ministerio Público Fiscal porteño, que prevé la presencia del asesor tutelar de menores», y advirtieron que en la vivienda residen «dos menores y una persona con tratamiento oncológico».

Una fiscal “galardonada” por grandes marcas deportivas

En octubre de 2017, Celsa Ramírez recibió un polémico reconocimiento de la filial argentina de la empresa Nike, “en virtud de su trabajo sobre el origen, distribución y venta de bienes destinados al comercio ilegal”. Es que Celsa Ramírez desde hace años está al frente de la mayoría de los expedientes abiertos por “contravenciones” por el uso de espacio público en la Ciudad. En septiembre de 2018 ordenó un operativo policial contra “manteros” senegaleses en el barrio de Constitución, que terminó en detenciones de migrantes y referentes de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre ellos, el propio Juan Grabois, mientras intentó frenar el robo de mercadería y la detención de los trabajadores por parte de los efectivos policiales.

Abuso de poder y pedido de indagatoria

Muchos colegas de Celsa Ramírez, advierten sobre el abuso de autoridad que ejerce la funcionaria del ministerio Público Fiscal. Tal es así, que en 2017, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, solicitó su indagatoria por abusar de su autoridad en el marco de la investigación en el predio del ex Patronato de la Infancia (PADELAI), en San Telmo. Caamaño consideró que Ramírez dispuso «medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionales sobre personas ajenas a los hechos denunciados». En su presentación, la fiscal Caamaño consideró que Ramírez, en el marco de un expediente “en el cual se investigaban contravenciones cometidas por la organización y puesta en marcha los días domingos de una peña en el predio del ex PADELAI, abusó de la autoridad legalmente conferida a su investidura al omitir investigar los hechos que configuraban el objeto de la causa a su cargo, realizando un sinnúmero de actos procesales” que guardaban relación con otra investigación que llevaba adelante el Juzgado Contravencional N°13, y en el que el Ministerio Público de la Ciudad no era parte por haber desistido de la acción. Además, la fiscal Ramírez habría obrado sin autorización del juez interviniente y dispuesto “medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionales sobre personas ajenas a los hechos denunciados, a la vez que celebró audiencias de composición y/o mediación en los que intervinieron entidades estatales que no eran parte del conflicto que se debía investigar”.