Ramos Padilla, en el centro de la estrategia electoral de Macri

El candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el senador Miguel Ángel Pichetto, tiene asegurada su continuidad en el Consejo de la Magistratura hasta el 10 de diciembre próximo. La única posibilidad de removerlo de ese cargo clave para, por ejemplo, garantizar la continuidad de la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, es la conformación de una mayoría parlamentaria que parece utópica en el escenario político actual.

Pichetto es el presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo. Allí deberá concurrir a más tardar el 5 de julio próximo Ramos Padilla a formular su descargo en el marco del proceso de remoción que le promovió el presidente Macri, a través de algunas de sus espadas judiciales: el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ex representante del Ejecutivo Juan Bautista Mahiques.

Para suspender a un juez hacen falta dos tercios de los consejeros presentes, es decir nueve sobre 13 con asistencia perfecta. Pichetto podría eventualmente sumar el voto número nueve para barrer de la cancha a Ramos Padilla.

El Consejo no tiene facultades para remover a Pichetto. Sólo puede hacerlo el Senado, que fue el que lo designó como representante por la mayoría. Pero, ¿cómo se conforma esa mayoría? En 2015 una maniobra de Cambiemos reinterpretó la representación parlamentaria y estableció que la mayoría no la conformaban los bloques políticos sino la cantidad de legisladores que apoyaban a un postulante a consejero. Así fue designado el diputado Pablo Tonelli, quedándose con un lugar que reclamaba el Frente para la Victoria. Ese mismo mecanismo, de dudosa legalidad, fue utilizado posteriormente para designar como consejeros a los peronistas Eduardo «Wado» De Pedro, Graciela Caamaño, Ada Iturrez y al ahora candidato a vicepresidente por el oficialismo, Pichetto. Si el Bloque Justicialista del Senado reclamara el lugar de Pichetto en el Consejo, el propio senador y la titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, supeditarían la remoción a una mayoría parlamentaria hoy virtualmente inaccesible.

Pichetto será así una pieza clave de la escena política pero también de la judicial. El juez de Dolores, Ramos Padilla, avanza a paso algo lento pero firme en su investigación, pero está jaqueado por dos frentes: la discusión por la competencia, que nuevamente arde en la Cámara Federal de Casación, y el pedido de juicio político.

¿Cuáles son los próximos pasos judiciales en Dolores? Se espera una resolución (postergada desde hace semanas) sobre la situación judicial de un grupo de abogados que supieron estar vinculados con el financista Leonardo Fariña y hoy aparecen acusados de haber participado en una maniobra turbia en torno a esa relación. Y el 25 de junio es esperada la presencia del periodista Daniel Santoro para declarar como imputado.

A las pruebas que el juez le exhibirá en la indagatoria se suma un nuevo episodio, hasta ahora desconocido: la declaración de Diego Aníbal Vestillero, agente aduanero, pretenso querellante y presunta víctima de la organización del falso abogado Marcelo D’Alessio. 

Vestillero está procesado en la causa denominada «mafia de los contenedores» y su situación no difiere de la de otros imputados en ese expediente. En su declaración en Dolores narró cómo dos supuestos colaboradores de D’Alessio, Carlos Liñani y el espía Rolando «Rolo» Barreiro, lo presionaron para que liberara de manera irregular unos contenedores retenidos en el puerto de Buenos Aires. Ante su negativa, le advirtieron: «Si no nos liberás los contenedores te va a empezar a salir 100 mil dólares por contenedor».

«Los mandé a la mierda», añadió.

Pero inmediatamente comenzaron a aparecer artículos periodísticos que claramente afectaron su actividad y la de su empresa, Ambika. Media docena de esos artículos fueron publicados en el diario Clarín con la firma de Daniel Santoro.

«El señor Santoro se ensañó conmigo… la verdad que este hombre estaba ensañado conmigo no sé por qué. Parece que yo le hubiese hecho algo, lo único que hice fue defender mi posición como agente de carga. (…) Ambika no está ni quebrado ni clausurado, está activo, y sí, me ha bajado (el trabajo) por todas las declaraciones en los diarios que ha hecho el Sr. Santoro.»

Vestillero elucubró que Santoro «trabajaba con ellos».  «

Plan del Colegio de Abogados para regular escuchas

Representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal propusieron al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; al titular de la oficina de escuchas judiciales DAJUDECO, el camarista federal Javier Leal de Ibarra; y al presidente del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, cuatro reformas clave para evitar el espionaje telefónico y la filtración de grabaciones privadas que debieron haber sido destruidas.

En sendas reuniones, los representantes de Colegio impulsaron el cese de las intervenciones tipo «chorizo», es decir aquellas en las que un juez identifica una serie de números a escuchar sin precisar razones ni identificar a sus titulares y usuarios reales. Además, plantearon que la DAJUDECO no podrá desgrabar esas conversaciones sino que deberán ser registradas en discos compactos que serán entregados al juzgado que solicitó las intervenciones. En la actualidad eso ocurre a nivel de la Agencia Federal de Inteligencia u otro organismo de ese tipo al que se le asigna la interceptación. De esa manera, sólo el juez tendrá conocimiento del contenido de las escuchas y será el responsable de su preservación. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la AFI no podrá conservar un back up de los discos por diez años, a menos que explícitamente lo peticione el magistrado. Caso contrario, los discos se destruirán en todos los casos.

El Colegio también reclamó una «recomendación» a los jueces para que extremen los cuidados al ordenar escuchas en el marco de una investigación.