Ramos Padilla envió al Congreso documentos que prueban las acciones de inteligencia de D’Alessio

El presunto falso abogado Marcelo D’Alessio tenía en su computadora documentación con membrete de la Agencia Federal de inteligencia, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel. También reportes de inteligencia y contrainteligencia vinculados con causas judiciales como la “mafia de los contenedores”, el doble crimen de Unicenter y el triple crimen de General Rodríguez. Además, investigó al periodista Alejandro Fantino y a la mediática Natacha Jaitt, quien murió el fin de semana pasado en un salón de eventos en circunstancias aún no esclarecidas. Todo está en sus teléfonos y computadoras y, ahora, también lo sabe la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

Este viernes, el legislador Juan Carlos Marino recibió un oficio de nueve páginas en el que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contestó un requerimiento de la Comisión. También le envió una caja lacrada con documentación probatoria de todo lo que le informó en el escrito.

Allí figuran constancias de “operaciones de narcotráfico y terrorismo, pero además se han hallado informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia tales como la “mafia de los contenedores”, el “doble crimen de Unicenter”, el “triple crimen de General Rodríguez”, entre otros”.

“Además, se ha hallado documentación interna del organismo en poder del imputado Marcelo D´Alessio en formato digital, así como informes que aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministry of Defense del Estado de Israel, entre otros”. El oficio aclara que toda la información es preliminar, que todavía no se ha relevado toda la prueba y que puede haber más. Mucho más.

El juez ofreció al Congreso comparecer personalmente para, con las reservas del caso, exponer los alcances de la investigación que está llevando adelante. Se trata del expediente en el que ya están presos D’Alessio y los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Un detalle: el escrito de Ramos Padilla dice que “la AFI ha informado su situación”, es decir una virtual confirmación de que, efectivamente, se trata de un agente de inteligencia vinculado con D’Alessio.

En las computadoras de D’Alessio se encontraron, además, “legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrantes en sus computadoras –Operación Jaitt, operación Traficante, operación Fantino, etc.-; informes remitidos a R.B. y Ricardo Bogoliuk sobre la ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos –domicilios, teléfonos y datos personales-, casi todos de renombre público”.

Ello significa que D’Alessio formaba parte de una organización que realizaba tareas de inteligencia interna incluso sobre la “ideología política de periodistas”. El nivel del escándalo supera lo imaginable.

Ramos Padilla informó a la bicameral que cuando fue allanada la casa de D’Alessio , en el country Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, el hoy detenido intentó frenar el operativo: “Evocó que debía comunicarse con Gustavo Arribas o la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y refirió que poseía información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional, lo que ratificó en audiencia indagatoria”.

El reporte también advierte sobre la investigación del vínculo de D’Alessio con la Drug Enforcement Administration (DEA) o de otra agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en posible connivencia con agentes y/o ex agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI”.

“Puedo comparecer personalmente para que, con los recaudos que el caso exige, ampliar el presente y explicitar las razones por las cuales se concluye –tal y como señalé en la resolución dictada el 25 de febrero pasado- que en virtud de estas actividades de espionaje ilegal político y judicial se está afectando gravemente el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Argentina”, propuso el juez.