El juez que investiga a D'Alessio y a Stornelli envió documentación a la Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Advierte sobre el uso de espionaje de índole político-partidario.
No hay ninguna razón legal para que esos elementos estuvieran en ese lugar.
Ramos Padilla envió cajas con documentación de la causa en la que investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita integrada por D’Alessio, y por la que está llamado a prestar declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli.
Entre esos elementos de prueba, el juez envió a los senadores y diputados “distintos registros referidos a algunas operaciones de espionaje y psicológicas de ‘puestas en emergencia’ y ‘coacciones’ en posible connivencia con otras personas”. En respaldo a esa documentación, el magistrado de Dolores acompañó “comunicaciones con el Fiscal Carlos Stornelli y con periodistas especializados”.
A modo de ejemplo, el juez explicó que en el caso de un supuesto “arrepentido” de la petrolera venezolana PDVSA, las tareas de espionaje ilegal “alcanzan a su historia laboral, su familia, sus entradas y salidas del país, la historia de la empresa, etc.- que demuestran que esta fue una operación prioritaria de Marcelo D´Alessio, en la que luego hizo intervenir a periodistas y funcionarios judiciales locales – que pueden haber actuado con o sin conocimiento- pero que formaron parte de la maniobra de espionaje que llevó adelante el nombrado y la asociación ilícita de la que tomaba parte”.
Ramos Padilla confirmó, además, un adelanto de este diario del domingo pasado, la “Operación Porcaro”.
“Se adjunta también la copia de un legajo donde obra la información que el imputado denominó ‘Operación Porcaro’, en la que se observa la enorme cantidad de tareas de campo que habría realizado D´Alessio, incluso con utilización de drones con cámaras de filmación sobre Roberto Porcaro en la ciudad de Necochea”.
Tiempo publicó el domingo que “el dirigente kirchnerista de Necochea Roberto Porcaro es la nueva víctima del espionaje ilegal y las maniobras presuntamente extorsivas que –según el juez Alejo Ramos Padilla- realizaba el presunto falso abogado Marcelo D’Alessio, como integrante de una asociación ilícita conformada por agentes de inteligencia y funcionarios judiciales”.
El juez advirtió que “otro factor a tener en cuenta es la coordinación que puede llegar a existir entre estos agentes de inteligencia, los funcionarios públicos e incluso la prensa, lo que puede permitir crear un clima propicio para este tipo de operaciones de espionaje, montándose en algunos casos operaciones o campañas mediáticas y psicológicas mediante la desinformación, la información falsa o tendenciosa o la información verídica obtenida a través de las actividades de inteligencia y de espionaje señaladas”.
“En la documentación vinculada con operaciones de inteligencia y espionaje ilegal, se hace mención a dirigentes políticos, periodísticas o funcionarios que podrían estar vinculados con estas maniobras de espionaje. (…) Hay que tener en cuenta que la actividad de la inteligencia legal de las agencias estatales está vinculada a la política del gobierno y los objetivos que éste designe; y que un organismo de inteligencia se crea básicamente con el propósito de obtener información sobre un oponente u oponentes”, reflexionó el juez.
En ese contexto, añadió: “Dentro de esta lógica, la información que se obtiene permite tener ventajas sobre el oponente, y al conocer sus fortalezas y debilidades se puede operar sobre ellas. Sin embargo, si esta actividad es utilizada para hacer espionaje político, ideológico o judicial y se recurre a agentes vinculados con potencias extranjeras se contraviene claramente la ley de inteligencia nacional”.
“Estos son los elementos que debe tener en cuenta vuestra comisión y por eso los recaudos que entiendo deben tenerse en consideración al momento de analizarse esta documentación, la que es mucho más amplia y se pone de manera integra a disposición del Poder Legislativo Nacional”.
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