La rápida dilución del “apoyo total”

El clima de éxito que el gobierno trató de instalar en la sociedad después de la elección del 26 de octubre terminó esta semana, y las tensiones políticas, sobre todo en el Parlamento, volvieron a aflorar. El punto de inflexión al que hago alusión se produjo tanto por lo que pasa en la calle, en este caso por las masivas movilizaciones en contra de la “modernización laboral” del gobierno, convocadas por la CGT y las CTA, como dentro del Congreso.

Haciendo un recorrido por lo sucedido en la última parte del año se puede notar que hubo un momento previo a los comicios nacionales que estuvo caracterizado por un fuerte descontento social y por la acumulación de reveses para el oficialismo en votaciones de distinto tipo, tanto en el Congreso como en distintas elecciones provinciales, particularmente las bonaerenses.

Ante ello se produjo el inédito auxilio de la administración Trump, que incluyó intervenciones directas en el mercado cambiario, promesas de ayuda si ganaba Milei, pero también amenazas de que todo podría “explotar” si ello no ocurría. La estrategia resultó exitosa desde lo electoral para que el oficialismo obtenga la mayoría de votos, aunque no ha sido tan descollante como se la quiere presentar. Además, fue una consecuencia del temor que se instaló en la sociedad. Estos resultados le permitieron al oficialismo construir la primera minoría en el Parlamento, juntando pases de legisladores de otros bloques al bloque de LLA, una vulneración de la voluntad de la ciudadanía que los eligió.

En la madrugada del jueves pasado, Diputados le otorgó media sanción al Presupuesto 2026, aunque en la votación en particular se rechazó el capítulo XI, que incluía entre otros puntos la derogación de leyes (que el gobierno ya incumple), como las de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

El capítulo mencionado establece además la reducción de los beneficios del Régimen de Zonas Frías, eliminando entre otros los cambios de 2021, que extendieron el subsidio a zonas pobladas del país que lo precisaban. También se buscó eliminar la actualización por inflación de las asignaciones familiares, y hacerlas depender de la discrecionalidad del Ejecutivo.

Uno de los puntos que se incluyó en el capítulo XI es la concesión a CABA del pedido de las transferencias por el 1,55% de coparticipación no automática (lo cual, luego del rechazo del mismo, generó las críticas del bloque del PRO, entre otros incumplimientos de acuerdos previos con LLA). También se había incluido un fondo especial de $ 21.347 millones para la “Jurisdicción 5 del Poder Judicial”.

El mentado equilibrio fiscal no deja de ser un argumento falso, ya que a la hora de destinar recursos públicos a los sectores más concentrados no existen prácticamente reparos para el gobierno. En verdad, es sólo una señal política e ideológica, para intentar imponer la idea de que es beneficioso quitar derechos, ceder recursos. Tomemos por ejemplo la reducción del Impuesto a las Ganancias a unas 17.300 grandes y muy grandes empresas que está en el proyecto de reforma laboral (mientras que unas 146.300 más pequeñas, las pymes, no reciben beneficio alguno).

La transferencia hacia los sectores más concentrados la realizan, en definitiva, a costa de las mayorías, ya que para cumplir con el objetivo “no negociable” del equilibrio presupuestario la ecuación sólo puede cerrar con mayores recortes del gasto. Adicionalmente, la apertura importadora y el menor consumo interno, que dañarán la recaudación, son factores que agregarán mayor tensión en las cuentas fiscales.

En las 48 horas previas a la sesión se comentaba a viva voz en los medios sobre la cesión de fondos a ciertas provincias vía adelantos del Tesoro para obtener los apoyos necesarios. El tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares (con dictamen en comisión en el Senado), que deja en manos de las provincias la protección de glaciares y permite en ciertos casos su explotación económica, también es parte de un paquete más amplio para ganar apoyos.

Si bien hubo una aprobación general al proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el gobierno, el rechazo al capítulo XI muestra que los apoyos no estarían tan claros. En medio de la dilución del clima triunfal, se decidió la postergación para febrero del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, indicando la voluntad de negociar desde el oficialismo y de esa forma intentar asegurarse los votos.

La apuesta de máxima del gobierno, apurado por anticiparse a un esperable deterioro del humor social, parece haber encontrado un límite. Respecto al Presupuesto, se intentaría aprobar en el Senado el texto salido de Diputados. No puede pasarse por alto que, entre lo aprobado, se encuentra la habilitación al Poder Ejecutivo para tomar deuda externa, un tema que necesitan resolver con gran urgencia ante los vencimientos de enero de 2026.

El revés en el tratamiento del Presupuesto terminó dejando en claro que hay cuestiones que siguen siendo difíciles de votar para los parlamentarios, porque hacen a la relación con sus representados. Si bien era previsible que estas tensiones aparecieran durante 2026, se adelantaron, todo un indicativo de que el momento favorable al Ejecutivo podría tener un punto de inflexión en la semana que pasó y que el clima de euforia es cosa del pasado.

En la ONU

Continuando con su alineamiento incondicional con el gobierno de Donald Trump, la Argentina fue parte del grupo de sólo tres países, junto con Israel y Estados Unidos, que votaron en contra de la Resolución “Las cooperativas en el desarrollo social” en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Cabe destacar que una abrumadora mayoría de 179 países votaron a favor.

La resolución promueve, entre otros temas, acciones para que las cooperativas sigan contribuyendo a la generación de empleo decente, la erradicación de la pobreza y del hambre, la educación y la protección social (incluida la cobertura sanitaria universal). También impulsa la inclusión financiera y la creación de opciones de vivienda asequibles en zonas urbanas y rurales.

El gobierno argentino adoptó la misma postura en noviembre pasado cuando votó también junto a Estados Unidos e Israel en contra de condenar la tortura. La ONU cuestiona el uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones, los abusos policiales y el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a detenidos. Por otro lado, nuestro país y Estados Unidos rechazaron una declaración de Naciones Unidas sobre salud, que planteaba objetivos de reducción del consumo de tabaco, de incremento de personas con la hipertensión controlada y mayor acceso a salud mental.

A dos años de haber comenzado su gestión, el gobierno deja en claro una vez más su postura de alineamiento con Estados Unidos. En el texto de la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos” se dice: “Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental permanezca lo suficientemente bien gobernado y razonablemente estable para impedir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; (…) queremos un hemisferio que se mantenga libre de incursiones hostiles extranjeras y de posesión foránea de activos clave, y que apoye las cadenas de suministros fundamentales; y queremos garantizar nuestro acceso continuado a localizaciones estratégicas clave. En otras palabras vamos a asegurar y reforzar un «corolario Trump» de la Doctrina Monroe”.

En este marco, el gobierno argentino abandona la defensa de los derechos humanos, en contra de la actitud que adopta la mayoría de los países del mundo, y en contra también de nuestra soberanía. «