Rápido desembargo para el primo del presidente

A menos de tres días que se conociera el embargo a Jorge Macri, la Cámara Federal de San Martín, lo revocó. El intendente de Vicente López, junto a su esposa, Florencia de Nardi, está imputado por lavado de dinero, en la compra irregular de un departamento en Miami.

Tras la amplia victoria en las elecciones legislativas en Vicente López, donde obtuvo más del 60%, se conoció una mala noticia para el intendente Jorge Macri: la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, le trabó un embargo por 8 millones de pesos por la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La jueza trabó un embargo por la misma cantidad a su esposa.

Pero no pasaron tres días que la decisión tomó un rumbo muy diferente. Ayer, la Cámara Federal de San Martín, órgano que es jurisdiccional superior a doctora Arroyo Salgado revocó esa medida cautelar, al consignar que el embargo preventivo no estaba justificado al no apoyarse en las constancias existentes en la investigación en trámite. Sostuvo que la resolución no desarrolló ni argumentó respecto de los requisitos legales exigidos para disponer, en el estado embrionario de la pesquisa, la cuestionada medida cautelar. La dejó sin efecto y remitió las actuaciones al juzgado de primera instancia.

La compra de la propiedad se habría realizado a través de una empresa montada en Miami a partir de un préstamo de una firma uruguaya que figura en los Panamá Papers. La maniobra fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verificó la participación del
al intendente y vicepresidente del PRO bonaerense, en la firma Icon Unit 1704 LLC, creada un mes antes de la compra. La sociedad constituida en Miami adquirió un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por una suma equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 dólares de ese momento).

Cuando la AFIP le pidió a Macri que explique la operación, el intendente de Vicente López justificó los fondos con dos préstamos recibidos de la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil dólares y la entidad BAC Florida Bank por 219 mil dólares. Sin embargo, la AFIP determinó que el contribuyente no detenta la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisición del inmueble en el exterior.