Lo acusan de formar parte de una red que lavó unos US$ 200 M mediante Declaraciones Juradas de Importación.

Sanchez Kalbermatten explicó la situación de su cliente: está fuera del país por seguridad, pero viene con frecuencia a la Argentina. Está «quebrado» como consecuencia de su incursión en la compra de medios de comunicación. Y culpa por ello a Sergio Szpolski y, en menor medida, a su exsocio, Matías Garfunkel. Cree que a Szpolski lo protegen históricos socios que se acomodan en todos los gobiernos; también con Cambiemos. Martínez Rojas asegura que se cruzó con Szpolski hace unos cuatro meses en el restaurante Marcelo, situado cerca del Museo Malba. Lo encaró y le aplicó un puñetazo. La providencial aparición de disuasivos acompañantes del exdueño de Tiempo Argentino evitó un escándalo mayor.
Martínez Rojas, según su abogado, no está prófugo y pretende «estar a derecho». Para el juez la designación de Sánchez Kalbermatten debería ser ratificada personalmente por el propio interesado, pero si hiciera ello inmediatamente quedaría detenido.
Meirovich ordenó la captura cuando intentó notificarlo de una citación firmada el 12 de julio pasado en un domicilio consignado en el expediente y verificó que allí no estaba Martínez Rojas, quien había viajado a Estados Unidos el 25 de junio anterior. Y el juez lo sabía, pues se lo había informado Migraciones. «Asegurame que no lo metés preso y la semana que viene lo tenés acá», imprecó el abogado. Se fue, con las manos vacías, hacia el despacho del fiscal Germán Bincaz. Los acuerdos de «delación premiada» se celebran entre el imputado y el fiscal, y el juez debe homologarlos.
Mientras abogado y juez estaban reunidos, fuerzas de seguridad allanaban oficinas y domicilios de Martínez Rojas en Corrientes. Martínez Rojas tiene otras causas en la Argentina. Las más rimbombantes se relacionan con la toma de la planta transmisora de Radio América, y la violenta invasión a la redacción de Tiempo Argentino, ambas hace poco más de un año. La irrupción en la planta transmisora está a cargo del juez Daniel Rafecas y está paralizada. El magistrado pidió prueba al Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) pero nunca recibió respuesta. La otra está más quieta aún: la Corte Suprema demora desde mayo una cuestión de «competencia», pese a un dictamen de la Procuración General de la Nación que postula que intervenga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En ninguno de esos expedientes tenía prohibición de salir del país.
Las declaraciones públicas sobre una «valija con 70 kilos» de pruebas incriminatorias para funcionarios del anterior gobierno son, por ahora, un tema extrajudicial. Una insinuación que parece un mensaje hacia un destinatario desconocido.
¿Cómo aparece Martínez Rojas en una causa por defraudación mediante la circulación de divisas eludiendo las restricciones del cepo cambiario, con operaciones simuladas de comercio exterior?
En 2016 se inició ante el juzgado federal número cinco, interinamente a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, la causa 9881/2016, caratulada «Martínez Rojas, Juan Mariano y otros s/ infracción art. 303 CP». Ese artículo reprime el lavado de dinero. Para Meirovich, además, podría ser el «organizador» de una asociación ilícita.
La captura de Martínez Rojas se enmarca en la causa denominada «Mafia de los Contenedores», en la que otro juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, mandó a juicio oral a un grupo de imputados pero excluyó de momento a un personaje clave, el coreano Sung Ku Kwang, más conocido como «Mister Korea». En esa causa también está detenido Claudio «Mono» Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Julio De Vido pero distanciado de él desde hace largo tiempo.
El rol que el juez le asigna a Martínez Rojas en esta operación es el de facilitador de la ingeniería financiera para mover el dinero ilegal. Por eso Sánchez Kalbermatten advierte sobre el «delito precedente», es decir cómo se originó el dinero que supuestamente lavó Martínez Rojas. No se lava dinero legal. La defensa del empresario asegura que conoce el origen de esa ilegalidad. Y con eso bastonea la causa, buscando el mejor resultado para su cliente.
Hasta ahora sólo deslizó dos nombres: Luis «Chiche» Peluso, exinterventor de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y amigo personal de Daniel Scioli, y el empresario Roberto Jaime Erusalinsky, procesado en una causa en la que se investiga el presunto lavado que involucra al financista Leonardo Fariña y al empresario Lázaro Báez. Ambos tienen expedientes abiertos en la Justicia, pero ninguno de los dos aparece nombrado en las resoluciones que hasta ahora firmó el juez Meirovich. Más aún: los nombres que sí figuran en el expediente son desconocidos. «
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