Ratifican que el ataque a Tiempo Argentino fue parte de un «plan criminal»

Por: Adrián Murano

La jueza Correa consideró que la intrusión al edificio donde se realiza el diario y funciona Radio América vulneró la "libertad de expresión y el derecho a la información" y ratificó el pase del caso al fuero Federal.

La jueza correccional de primera instancia María Julia Correa ratificó su planteo para que la violenta intrusión a las instalaciones donde se realiza Tiempo Argentino –ocurrida el pasado 4 de julio- sea investigada por el fuero federal por tratarse de “un plan criminal” contra la libertad de expresión.

La magistrada ratificó su incompetencia en un texto con consideraciones contundentes. “Si bien entre los hechos investigados se encuentran los de daños, lesiones y amenazas” relata la jueza, ese conjunto de hechos “no puede interpretarse sino como derivaciones inescindibles de un único plan criminal en cabeza del mismo círculo de sujetos”.

En su resolución, Correa destaca que “resulta incuestionable la naturaleza federal de las conductas denunciadas, como así también su extrema gravedad, pues se habría vulnerado en forma directa los derechos constitucionales a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

La magistrada ratificó con durísimos términos su decisión de remitir las actuaciones al juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas. De no mediar una nueva dilación, ese juez debería ahora investigar al supuesto empresario Mariano Martínez Rojas y a su patota, protagonistas de la invasión y los destrozos a las instalaciones dónde trabaja la cooperativa que edita Tiempo Argentino y los trabajadores que resisten el vaciamiento de Radio América. Las dos empresas formaron parte del Grupo 23, cuyas cabezas visibles eran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Esas empresas hoy están bajo la lupa de la justicia, entre otras cosas, por presuntas estafas al fisco.

 Para la abogada María del Carmen Verdú, que representa a los trabajadores agredidos, fue un “gran triunfo”, ya que el pase al fuero Federal ratifica la gravedad del hecho y pone a Martínez Rojas más cerca de ser juzgado por delitos que contemplan penas de prisión. 

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