El expediente había sido cerrado en la primera instancia y la Cámara ordenó retomarlo. Al exministro se lo acusa de haber utilizado 15 millones mensuales durante casi dos años.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar a un recurso de apelación que había presentado el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la decisión del juez de primera instancia Sebastián Ramos, quien había dispuesto el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito e imposibilidad de proceder con la investigación. El fallo establece que esa decisión fue «prematura». Y que es necesario «profundizar la investigación en torno a los extremos propuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal». La resolución habla de «los representantes del Ministerio Público Fiscal». El plural se refiere a Marijuan y también al fiscal de Cámara, el renunciante Germán Moldes, quien sostuvo la apelación e impulsó la reapertura de la causa. Moldes presentó recientemente su renuncia y se alejará del cargo a partir del 1 de noviembre próximo.
La UPSRA, que se presenta en su página web como «el único sindicato de seguridad privada que cuenta con Personaría Gremial y que respalda los derechos de los trabajadores», reúne a unos 15 mil afiliados que se desempeñan en agencias de seguridad privada. Por supuestas irregularidades en un proceso de renovación de autoridades, el Ministerio de Trabajo dispuso su intervención (en sintonía con lo que también había hecho con el sindicato de obreros marítimos SOMU). El 26 de diciembre de 2016, el gremio fue intervenido en un procedimiento que encabezó el juez federal Claudio Bonadio. Como interventor fue designado Rodolfo Alonso, un hombre cercano al saliente radical aliado a Cambiemos Enrique «Coti» Nosiglia.
El empresario Cristian Raúl Felice, proveedor de servicios de limpieza al sindicato a través de dos firmas privadas, formuló una primera denuncia. Y en 2018 otros dos representantes de trabajadores, William Marcelo Calderón Castillo y Ramón Tejada, ampliaron la imputación y acusaron a Triaca de orquestar «un plan para hacerse ilegítimamente» del gremio, colocar en cargos estratégicos a allegados y familiares y beneficiar con contrataciones a empresas indirectamente relacionadas con ellos. La presentación judicial aludía también al desvío del dinero correspondiente a seguros de vida de los trabajadores.
La denuncia, según documentación a la que accedió Tiempo, apunta también a la exdirectora nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena; a Sergio Borsalino, cuñado de Triaca (esposo de Silvia Verónica Triaca) y exasesor en el Ministerio; Adrián Corti, excustodio de Triaca; los exdelegados normalizadores Rodolfo Alonso y Patricio Lombilla; Patricio Castro, un afiliado del gremio cercano a la familia del exministro; Leónidas García Requelme, referente de la Agrupación Sindical interna Juan Manuel de Rosas; la exintegrante de la junta electoral del gremio Laura Pelegrina y el exdelegado regional de Escobar, Zárate y Campana, Edgar Salarallan.
Uno de los elementos de prueba aportados por los denunciantes fue un video captado por una supuesta cámara oculta en la que se observa a Corti y Castro contando dinero en una oficina privada. No queda claro (y es una de las líneas de investigación que deberán profundizarse) el origen de esos fajos, que son colocados en bolsos y retirados del lugar. Las imágenes fueron exhibidas hace un año en el programa ADN, que se emite por el canal de noticias C5N.
A fin de diciembre pasado, la Sala 11 de la Cámara Laboral puso fin a la intervención del gremio y repuso en sus cargos a los dirigentes desplazados por el gobierno en 2016. Un mes antes, Triaca había anunciado su renuncia al cargo (por entonces el Ministerio había sido devaluado a Secretaría), jaqueado por un escándalo que involucraba a su empleada doméstica, Sandra Heredia, a quien tenía contratada en negro pero al mismo tiempo la había designado en el SOMU sin contar para ello con más capacitación que la relación de confianza que los unía. Hasta que se quebró por una desavenencia trivial.
La Cámara Federal dispuso que «además de las medidas sugeridas por el apelante, resultaría oportuno certificar el contenido y el estado actual de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Criminal y Correccional Nº 5», que también apunta a los interventores del gremio. «
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