El policía-actor posó frente a una bandera nacional para decir que continuará su lucha "de liberación".
El martes pasado, Pérez, un oficial de la policía científica con pretensiones de actor, robó un helicóptero junto a un acompañante no identificado y sobrevoló las sedes de dos dependencias estatales, el Ministerio del Interior y la sede del Tribunal Superior de Justicia, con una bandera que decía «libertad» para luego abrir fuego y lanzar granadas, sin dejar heridos.
El presidente Nicolás Maduro calificó el acto como terrorismo, vinculó al atacante con agentes de la CIA y el país emitió una orden de captura internacional contra el uniformado, quien aún se encuentra prófugo.
Los medios de prensa vinculados a la oposición rechazaron la información brindada por el gobierno y calificaron al hecho como de un show para desviar la atención de la actual crisis política y económica que sufren.
«Nuevamente nos encontramos en Caracas listos y dispuestos para continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria», dijo Pérez, vistiendo uniforme militar, gorro de lana y delante de un fusil y una bandera de Venezuela.
En el nuevo video, de 5 minutos, el también actor de cine asegura que el ataque «fue logrado a la perfección» y no se produjeron daños colaterales «porque así fue programado, porque no somos unos asesinos como usted, señor Nicolás Maduro, que enluta todos los días hogares venezolanos», reprodujo la agencia de noticias Reuters.
La oposición sostiene que Maduro lidera una «dictadura» en Venezuela por lo que acumula tres meses en las calles del país y protagoniza desde entonces actos de violencia cada vez mayor con un alto costo de vidas humanas.
El mandatario, por su parte, asegura que con las protestas sus adversarios sólo buscan derrocarlo.
«Estamos plenamente seguros de lo que estamos haciendo y si debemos dar hasta nuestras vidas, las entregaremos por el pueblo y si se da esta Constituyente no habrá Venezuela», sentenció Pérez en referencia a la iniciativa de Maduro de reformar la Constitución.
La oposición había organizado el martes un bloqueo de las carreteras del país en señal de rechazo del proyecto de Asamblea Constituyente, cuyos miembros se eligirán el 30 de julio, y que critica como una táctica de Maduro para aferrarse al poder.
En ese contexto de crisis, Luisa Ortega, la fiscal general de 59 años, anunció que no comparecería ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que debe decidir si abre o no un juicio contra ella, que podría causar su destitución.
«No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada», anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, explicó que el tribunal se da un plazo de cinco días para tomar una decisión respecto a Ortega, tras la sesión celebrada en ausencia de la fiscalía.
Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño, que solicitó un juicio contra Ortega, acusó a la fiscal de mentir cuando afirmó no haber avalado la elección de 33 magistrados en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.
Carreño pidió, asimismo, al TSJ que evaluara la salud «mental» de Ortega, y la semana pasada logró que la corte le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.
Apoyada por chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de romper el «orden constitucional» por fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.
Aunque goza del apoyo del ejército, Maduro está bajo presión, tras meses de manifestaciones cuyos participantes lo acusan del naufragio económico del país.
Si el Supremo la reconoce culpable, Ortega podría ser destituida, una decisión que necesita no obstante el visto bueno del Parlamento la única instancia dominada por la oposición desde principios de 2016, algo que parece poco probable, ya que la fiscal recibió una ovación en el hemiciclo el pasado lunes.
Pero el TSJ lleva año y medio ignorando las decisiones del Parlamento, al que considera en desacato desde que la oposición asumió su control.
Antes de la audiencia del martes, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violaciones a los derechos humanos. Sustituiría a Ortega si ésta fuese destituida.
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