Rebajas impositivas que no alcanzan a la población y benefician a las empresas

Las propuestas buscan reducir los gravámenes sobre las sociedades. Hacia allí apuntan la reducción escalonada de diez puntos en el impuesto a las ganancias, que bajará a 25% en cuatro años, excepto en los casos de distribución de utilidades en que se mantendrá el 35% actual; la aplicación de todo o gran parte del impuesto al cheque a cuenta de ganancias; la aceleración en la devolución del IVA por inversiones; y un pedido a las provincias para bajar o quitar los impuestos de sellos e ingresos brutos. «La reforma es proinversión y proempleo, todas las medidas tienen ese objetivo», señaló Sebastián Galiani, viceministro de Hacienda.

Acompañando la reforma laboral, también bajarán los aportes patronales al sistema previsional, con la creación de un mínimo no imponible de $12 mil por sueldo sobre el cual el empleador no deberá pagar contribuciones. En el gobierno creen que así caerá el trabajo no registrado: «El mensaje es que, si vos no vas a pagar cargas patronales, se sobreentiende que vas a estar en blanco», explicó el director de la AFIP, Alberto Abad.

Los efectos para el ciudadano de a pie son una lotería. Los trabajadores autónomos, por caso, pagarán menos de Ganancias ya que se les duplicará la deducción especial. Pero los que compren títulos o hagan depósitos a plazo fijo quedarán alcanzados por el tributo a la renta financiera, de 5% para las colocaciones en pesos y de 15% para las hechas en moneda extranjera o ajustables. Los impuestos internos, que por su naturaleza se incorporan al precio final de cada bien, serán quitados en productos electrónicos y autos chicos o medianos, pero aumentarán en los de vehículos de alta gama y algunas bebidas. En este ítem se abrió una polémica risueña: se penalizará a las de más alcohol o azúcar, en una discusión casi gastronómica que terminará impactando en las economías regionales. El mayor o menor costo dependerá de los hábitos de cada consumidor.

Según Hacienda, la recaudación caerá al principio en 1,5% del PBI, aunque si la economía crece el costo final sería mínimo. Como en todo plan de ensayo y error, la aplicación será gradual: si el Congreso las aprueba, muchas medidas recién regirán en 2022. «