Rebelión de jueces contra el proyecto para traspasar juzgados a la Ciudad

El proyecto de traspaso de juzgados penales de la Justicia Nacional a la órbita de la Capital Federal es de “dudosa constitucionalidad” y amenaza con causar un virtual colapso en las investigaciones, a punto tal que cientos de causas podría terminar prescribiendo. Además, la decisión de los poderes ejecutivos de la Nación y de la ciudad “para acordar la transferencias de juzgados que dependen de otro poder estatal podrían evaluarse como una injerencia indebida en la estabilidad e independencia del Poder Judicial, que importa un serio perjuicio para los casos que actualmente tramitan”.

El durísimo documento fue firmado por 13 integrantes de la Cámara del Crimen porteña, que se pronunció en contra de la iniciativa de reforma judicial que, en cuotas, viene impulsando el gobierno nacional. Los integrantes de la Cámara tienen una mirada condescendiente con el gobierno de Mauricio Macri. Y fueron un bastión de resistencia contra los intentos de reforma judicial del anterior gobierno.

En ese contexto, la Acordada de nueve páginas que firmaron el 18 de noviembre y que hasta hoy se mantenía en reserva, sorprendió por el tono y las consideraciones. “Las leyes sancionadas por iniciativa del propio Poder Ejecutivo resultan inconsistentes e incongruentes con un vaciamiento de esta jurisdicción que en pocos años quedaría sólo destinada a juzgar, en forma residual, los casos no transferidos, con la posible consecuencia de su prescripción”, advierte el texto.

¿Qué rechazan los camaristas? El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta prevén firmar el 30 de noviembre un convenio de transferencia de juzgados penales (correccionales, de instrucción y de menores) vacantes a la Capital Federal. Los juzgados pasarán sin causas y sin juez, y tendrán facultad para investigar delitos de corrupción que se cometan de ahora en más. Los jueces de esos juzgados serán designados por el Consejo de la Magistratura, con aprobación del presidente de la Nación en consulta con el jefe de Gobierno. Sí, así, tal cual.

“Las oscilaciones normativas determinadas por cambios políticos y aún dentro de la misma administración, requieren que el problema de la criminalidad tanto compleja como la que afecta en forma directa a la ciudadanía tenga una respuesta coherente que permita aplicar la ley en forma rápida y expedita –como sería el caso de los procesos de flagrancia- y quedaría en los hechos sin efecto si se realiza una transferencia total de competencias a la ciudad”, sostiene el documento.

El rechazo a la transferencia fue suscripto por los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González, Luis Bunge Campos, Alberto Seijas, Marcelo Lucini, Mirta López González, Mauro Divito, Mariano Scotto y Ricardo Pinto. No firmaron Juan Cicciaro, quien está de licencia, y Mario Filozof, quien transita sus últimos días como magistrado, pues se alejará del cargo del 1° de diciembre.

Los jueces recordaron que durante el anterior gobierno se modificó el Código Procesal para darle mayor intervención a los fiscales; en la actual administración se suspendió la aplicación, pero ahora se proyecta avanzar con una iniciativa contradictoria.

“Una transferencia de delitos inconsulta resulta cuanto menos incongruente e irrazonable”, y además “no encuentra justificativo en una necesidad racional de mejorar el sistema”, alertaron.

“Surge la preocupación ante la existencia de una decisión de transferencia sin un consenso previo, carente de una planificación adecuada que tenga en cuenta el impacto en las investigaciones en curso, el futuro enjuiciamiento de hechos delictivos y los derechos adquiridos de las personas que componen este fuero”.