El diputado había pedido la inconstitucionalidad del decreto de Macri que modificó la ley original para incluir a las familias de funcionarios.
Durante el debate parlamentario, los legisladores manifestaron expresamente en torno a la inconveniencia de permitir que los familiares de los funcionarios enumerados en el art. 82 del proyecto en tratamiento pudieran ingresar en el blanqueo, manifestó Solá en su presentación.
Señaló, además, que la ley 27.260, en sus artículos 82 y 83 ya había reglamentado y precisado las condiciones bajo las cuales las personas físicas y jurídicas podrían acceder al régimen de sinceramiento fiscal.
La jueza coincidió con el fiscal del caso al considerar que la mera condición de ciudadano y de legislador no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta.
En ese sentido, rechazó el amparo y le impuso costas al diputado, quien deberá pagar 6500 pesos por los honorarios de la dirección y representación letrada de la demandada.
En febrero, otro juez ya había rechazado una medida cautelar de Solá para suspender el decreto de Macri mientras se resolvía su pedido de inconstitucionalidad.
La ley de sinceramiento fiscal fue aprobada en el Congreso en junio de 2016 junto a la llamada de Reparación Histórica de los jubilados. En la ley se explicitó que quedarían excluidos de la posibilidad del ingreso al blanqueo funcionarios de los tres poderes así como sus conyugues, padres e hijos.
Con ese decreto, Macri modificó esas condiciones al permitir el blanqueo de bienes que estuvieran acreditados a su patrimonio con anterioridad a la fecha en asumieron sus funciones públicas.
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