Fuerzas de la Policía Federal, con efectivos y vehículos, se instalaron en los ingresos de las sedes de la Agencia Télam, la Televisión Pública y Radio Nacional. La situación fue calificada como "sorpresiva e inexplicable" por la presidenta del directorio de Télam, Bernarda Llorente.
La presencia de las fuerzas policiales fue rechazada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) -que también informó que hubo móviles en la TV Pública y Radio Nacional- y calificada como «sorpresiva e inexplicable» por la presidenta del directorio de la agencia de noticias, Bernarda Llorente.
En un posteo en X emitido pasadas las 17.30, Llorente dijo que los policías llegaron a las puertas de la sede de Bolívar «alrededor de las 12.30» y permanecían en el lugar a la hora de la publicación de su mensaje.
Cerca de las 20, un camión tipo celular de la Policía Federal y unas cinco motos permanecían detenidos a dos metros de la puerta de entrada al edificio de la agencia.
El Sipreba difundió un comunicado bajo el título «Repudiamos presencia policial en la puerta de los medios públicos».
«Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresamos nuestro rechazo ante la presencia de móviles policiales en la puerta de Télam, la TV Pública y Radio Nacional en el día de la fecha», añade la entidad gremial.
Agrega que «este hecho sorpresivo, que no se corresponde con el clima en el que se debe trabajar en un medio de comunicación, se da en un contexto de ajuste económico sobre los trabajadores y trabajadoras y de discusión de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que promueve el traspaso de nuestras empresas a sociedades anónimas para su posible privatización».
«Por lo tanto, no puede dejar de leerse como una intimidación y representa una amenaza para la libertad de expresión. Los medios públicos tienen el rol de garantizar el derecho a la información, la pluralidad de voces y el federalismo, así como los temas de interés público de manera gratuita en todos los rincones de la patria. Por lo tanto defendemos su rol social y su carácter público», sostiene la declaración.
«Esperamos -concluye- que este sea un hecho aislado, producto de una decisión desafortunada, y no signifique el intento de generar un clima de violencia hacia los trabajadores y trabajadoras que todos los días realizan sus tareas con profesionalismo y compromiso».
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