Rechazo argentino a la acusación paraguaya de ser «guardería del EPP», tras el asesinato de dos niñas

Un confuso operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Paraguay, supuestamente contra el grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), causó la muerte de dos niñas argentinas de 11 años, a las que originalmente se atribuyó pertenencia a esa organización, lo que derivó en un cruce diplomático entre ambas naciones. El viernes, la Cancillería argentina protestó “formalmente ante las autoridades paraguayas” por el hecho.

“Se mantienen contactos con las autoridades a efectos de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los decesos y se han iniciado los trámites consulares pertinentes”, dijo oficialmente el ministerio que comanda Felipe Solá, que además rechazó “de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del general Héctor Grau como comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una “guardería de soldados del EPP”, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades”.

El caso cobra mayor gravedad por el hecho de que las niñas, ambas de 11 años, serían las únicas “bajas” del operativo y sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio público del pueblo Yvy Ja’u, “sin que se realizaran pericias forenses ni pruebas de ADN”, según comentó a Tiempo, Edgar Segovia, miembro de la mesa de conducción del Frente Guasú, partido del senador y expresidente depuesto por un golpe parlamentario, Fernando Lugo. “Aquí lo grave es que las características de la situación permiten a uno caracterizarla como terrorismo de Estado. Se han usado las Fuerzas Armadas para un operativo donde han asesinado a dos niñas”, dijo Segovia.

El operativo se realizó el miércoles en un campamento ubicado en el norte del país, tal como el propio presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, celebró en sus redes sociales. “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”, tuiteó junto con una foto. Las primeras informaciones también afirmaban, en forma difusa, que había habido “una baja” o al menos “un herido” entre las fuerzas legales. Algo que nunca se mostró oficialmente. “La información oficial fue variando. Primero eran dos combatientes. Después eran dos mujeres. Ya de noche, se dijo que eran menores, que no tenían la posibilidad de identificar. Recién al día siguiente se confirma que eran niñas”, recordó el dirigente del Frente Guasú, que emitió un comunicado en el que considera “lamentable la actitud del Poder Ejecutivo, quien de forma apresurada e irresponsable presentó este hecho con bombos y platillos, como un ‘Gran Golpe al EPP’ en un aparente afán de rédito político ante su desgastada imagen”.

Las niñas fallecidas, llamadas Lilian y María del Carmen, serían sobrinas de la actualmente detenida Carmen Villalba, miembro del EPP. El diario paraguayo Hoy publicó un audio de Villalba en el que afirma que “estas niñas no son parte de la confrontación. Quisieron ir a festejar sus cumpleaños e ir a ver a sus padres luego de años. Llevo un profundo dolor”. El mismo medio cita al abogado argentino Eduardo Soares, histórico dirigente vinculado con organizaciones de base y miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, quien “manifestó a la radio 800 AM que las niñas abatidas son argentinas y vivían en la localidad llamada Puerto Rico, de Misiones”. Soares explica que “son primas entre ellas. Lilian es hija de Miriam Villalba, y María del Carmen es hija de Laura Villalba. Las madres son hermanas de Carmen Villalba. Vivían con la abuela e incluso estudiaban en esa localidad. (¿Por qué estaban en el campamento?) Según lo relatado por la abuela, es que las nenas querían ir a ver a sus padres. Estas niñas nada tenían que ver con el conflicto”.

Ahora se debate si las niñas muertas fueron presentadas como “falsos positivos”, ya que se afirma que los uniformes que tenían puestos fueron “colocados” después de muertas ya que no presentaban manchas de sangre o tierra. La Liga Argentina de Derechos Humanos exigió el esclarecimiento del caso y dijo tener “la plena certeza de que esta tenebrosa operación es heredera y continuadora de la tiranía stronista, y que la ausencia de un firme Juicio y Castigo a torturadores y saqueadores de ese tiempo favorece el dominio inescrupuloso y violento de esta actual camarilla de delincuentes, asimilando el sanguinario libreto organizado por el Departamento de Estado norteamericano para el Plan Colombia, como el caso de los denominados ‘falsos positivos’, que son las personas que no están involucradas en el conflicto”.