Rechazo opositor a los cambios en la SIDE por decreto y denuncian la instauración de un “Estado policial”

Los bloques opositores de Unión por la Patria, de Provincias Unidas y de la Izquierda rechazaron de plano el DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520  que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como “encubiertas”, lo que para diversos sectores representa la instauración de un “Estado policial”.

El decreto se conoció en la noche del último día de 2025 y se publicará en los próximos días. Como ejes centrales, el documento establece una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amplía las facultades operativas de los organismos del sector y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”.

Desde la oposición, el diputado de Fuerza Patria y exministro de Defensa, Jorge Taiana, alertó que el resultado de la implementación de ese decreto tendrá como consecuencia un “Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.

En el caso de las Fuerzas Armadas advierte que se “autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa” lo que señaló que es una “vieja aspiración de la corporación” militar. Además, indica que esa autonomización implicará subordinar la inteligencia militar al área de seguridad. “Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”, remarcó.

El también diputado y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, aclaró que la modificación de la Inteligencia que hace el DNU se “asemeja a una Policía secreta”. En ese camino, el legislador compartió la opinión del exministro y remarcó que “legaliza todo lo que era ilegal anteriormente”, por tal motivo expresó que “buscan generar un Estado represivo, autoritario y que intimide”.

Desde el mismo bloque, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea de facto una “policía secreta”.

Con un comunicado conjunto, los diputados del bloque de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, tuitearon en X.

En el comunicado, el interbloque Unidos alertan sobre la decisión de declarar de “carácter encubierto” todas las actividades de la SIDE “ampliando la opacidad”, señalan. Y exigen que “el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto”.

En esa línea, la CC y el socialismo señalaron que el decreto es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.

En declaraciones a Radio10, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, aseguró que “Patricia Bullrich dotó a las fuerzas de seguridad de nuevas funciones y el pase del proyecto al Senado implica que otros ocupen casilleros clave”.  Y aseguró que “no es urgente ni legítimo habilitar que un agente de la SIDE pueda detener a una persona. Eso es totalmente ilegal; no se puede disponer por decreto sobre la libertad y la vida de los habitantes”.

La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.

No sabe/No contesta

En un silencio gris, se posicionó el PRO que anticipó que definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación de esas normas. En cambio, la UCR y los bloques provinciales dialoguistas mantuvieron silencio y aún no fijaron su posición

El Gobierno debe girar el DNU 941 al Congreso para que sea analizado por la comisión de Trámite Legislativo, que deberá definir si es ratificado o rechazo esa reforma de la ley de Inteligencia.