Rechazo unánime al pedido de Edenor y Edesur

La colorida sala del teatro La Ribera, de La Boca, estuvo siempre semi vacía, con algunos que llegaban y otros que se iban de la Audiencia Pública (AP) en la que se discutió la tarifa de luz para Capital y Gran Buenos Aires. A diferencia de la AP por el precio del gas, el clima fue muy tranquilo y en las inmediaciones prácticamente no hubo manifestaciones. El ingreso al lugar estuvo totalmente restringido por un fuerte operativo policial digno de un Boca-River. Sólo ingresaron expositores, oyentes inscriptos y periodistas. Varios oradores manifestaron su preocupación al respecto, con cuestionamientos del estilo: «Esta audiencia, de pública no tiene nada»; «¿Por qué está militarizado el lugar?»; «Esto atenta contra el espíritu de una AP»; «Esta audiencia es una farsa.»

La AP comenzó con los power point de las empresas Edenor y Edesur, que en poco menos de una hora explicaron por qué necesitan un aumento del 31% (sin contemplar impuestos). «El atraso tarifario casi lleva la empresa a la ruina», sentenció Ricardo Torres, presidente de Edenor. Además, Torres pidió un 15% adicional en el futuro. Juan Carlos Blanco, abogado de Edesur, prometió también un «ambicioso plan de inversiones», de 14 mil millones de pesos. Ambas posiciones fueron muy similares; se quejaron del congelamiento de tarifas en la última década, justificaron así las fallas en el servicio y la falta de inversión, al tiempo que valoraron la dolarización del precio de la energía y la Revisión Integral Tarifaria (RTI) del Gobierno, a través del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).

Luego fue el turno de los defensores del pueblo y de las organizaciones de defensa al consumidor, quienes tuvieron críticas comunes: el defectuoso servicio que brindan las empresas, con cortes permanentes que perjudican a millones de usuarios, sin resarcimientos; la falta de inversión, pese a los multimillonarios subsidios que recibieron en los últimos diez años; la falta de control y de penalidades por parte del ENRE; el desmesurado aumento, que no tiene en cuenta la evolución de los salarios ni el impacto en la estructura de costos de las pymes; finalmente, caracterizaron como engorroso y burocrático el trámite para acceder a la tarifa social.

Uno de los más aplaudidos fue Mariano Lovelli, titular del centro de estudios CEPIS, quien criticó el argumento empresarial de la «quiebra sin aumento». «¿Cómo hizo entonces Edenor para comprar Petrobras? ¿No será que necesitan el aumento para que los usuarios financiemos esa compra?», preguntó en relación con la compra de Petrobras por parte de Pampa Energía, de Marcelo Midlin, dueño también de Edenor. También fue puesto en tela de juicio el estrecho vínculo entre Nicolás Caputo, dueño de Edesur, y el presidente Mauricio Macri.

Entrada la tarde expusieron los escasos referentes políticos que se acercaron. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, se mostró muy disconforme: «Estoy cansado de que me vengan todos los años con el mismo power point que pasaron acá y después no cumplan nada.» Gabriel Solano, del FIT-PO, apuntó contra la dolarización. «Explicaron que el 90% de sus gastos es la mano de obra. ¿Acaso sus trabajadores cobran en dólares?» Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, fue contundente: «El aumento es regresivo, injusto, ilegal y abusivo. Con esta AP, sólo cumplen con una formalidad que le impuso la Corte.»

Casi todos los expositores hablaron en contra del aumento. Fuera de Edenor y Edesur, el único orador que habló a favor fue el representante de la consultora financiera KPMG. «