Reclaman a la Corte Suprema que escuche a los vecinos del Riachuelo

Los vecinos marchan este miércoles hacia el Palacio de Tribunales para protestar por no ser escuchados en el marco de la audiencia pública que llevará a cabo la Corte Suprema de Justicia para discutir el estado de la implementación de la sentencia de 2008 en la causa “Mendoza”, que ordena el saneamiento del Riachuelo y relocalizar a las miles de familias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo.

Los vecinos se movilizarán desde las 10 a la puerta de los Tribunales para exigir “ser parte y protagonistas del expediente y no objetos a ser relocalizados”. Además, entre los reclamos que llevarán hasta la puerta del Máximo Tribunal está el cese en la demora en la “implementación de acciones efectivas para cumplir con la manda de la Corte Suprema de Justicia y detener el daño que pesa sobre nuestras familias para lograr definitivamente una mejora sostenida y real de nuestras condiciones de vida”.

Mario, uno de los vecinos de las Villa 21-24, explicó a Tiempo que “según la propia decisión de la Corte, la relocalización tendría que haber termina en enero 2013” y “sólo un 8 % de la familias fueron relocalizadas por imperio de un trabajo de cuerpos de delegados del barrio que pudo conseguir la relocalización dentro de la comuna”.

Los datos del avance de la ejecución de la sentencia marcan que a ocho años de la sentencia judicial, restan relocalizar 1182 familias de las casi 1800 afectadas en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que sólo se ha avanzado en un 35%. En el caso de la Villa 21-24, la más grande y representativa de la problemática, sólo se ha avanzado en un 12%, pese a que se ordenó su relocalización integral para antes de enero de 2013. De la última audiencia de 2012 hasta la fecha se relocalizaron 280 familias, es decir, un promedio de 70 por año. Durante 2016 no se efectuó ninguna relocalización.

Además, los vecinos denuncian que el censo sobre el que se trabaja para hacer la relocalización “es trucho y está desactualizada”. En ese marco, Mario sostiene que “falta transparencia” y que “han metido las manos los punteros del Gobierno”.

Con la Defensoría del Pueblo acéfala, los vecinos no tendrán quien los represente formalmente en la audiencia por eso pidieron ser parte. Pero la petición fue denegada por la Corte. “Nosotros queremos exponer y el Estado no nos quiere escuchar”, sintetizó Mario.

Los vecinos de la Villa 21-24, Villa 26, Lamadrid, El Pueblito y el Complejo Múgica sostienen que “les ofrecen viviendas que no pueden pagar y a la vez se tienen que correr porque la zona tiene problemas de contaminación. Si es así, no nos están dando nada”. Ante ese escenario, los vecinos señalan que “la solución sería organizarnos como cooperativas. Hay herramientas para hacerlo”.